Unión de Uniones de Castilla-La Mancha hace a final del año un balance de los principales acontecimientos que han ocupado y preocupado al sector agrario. Salvo excepciones, como el aceite quizás, las campañas agrícolas han venido cortas de producción debido a la sequía y otras inclemencias, sin que ello haya representado una mejora generalizada de los precios. En el apartado de política agraria la cosa ha estado movida, con los agricultores ecológicos que siguen en pie de guerra; los afectados por los planes de gestión de las ZEPAs Esteparias que desenterraron el hacha y el órdago de Podemos paralizando la aprobación de los presupuestos 2017, finalmente liquidado con la entrada de los morados en el Gobierno. La parte más visible del trabajo del Consejero y su equipo ha sido la actividad, se diría febril, anunciando partidas millonarias de ayudas, que no siempre se materializan como seguramente sería su deseo y, desde luego mucho más, el de los agricultores y ganaderos a los que las subvenciones no les llegan. La defensa por parte del Gobierno Regional ante el Estado de una política de agua que no perjudique, como la actual, a los castellano-manchegos, ha ocupado también buena parte de la agenda anual. La pena es que en Entrepeñas y Buendía los trasvases y la sequía no ha dejado más que lodo… y para acabar dos preguntas: ¿lo de los conejos tendrá fin algún día?… y… ¿quién pagará los 33 millones de euros de multa por incumplir el CAP?
La sequía. Cosechas cortas en las principales producciones.
En el apartado agrícola, los principales cultivos de la región se han visto afectados en la primera mitad del año por episodios tormentosos con heladas y pedriscos que afectaron al cereal, viñedo, almendro y ajo, fundamentalmente y sobre todo en la parte oriental de la región y también en la Mancha Toledana. A ello se ha unido la sequía prolongada durante todo el año, que ha provocado reducciones importantes en las cosechas de uva, que arrojará una producción de 19-20 millones de hectólitros (-20%); y cereal que se ha quedado en los 2,6 millones de toneladas (-40%). Estamos a la espera de lo que suceda con el olivar, cuya recolección también apunta corta, del orden de 90.000 toneladas.
Pérdidas de una 20 % de la producción final agrícola.
De la producción agraria de la región, que se mueve en un entorno de 4.500 millones de euros anuales, la aportación agrícola ronda los 2.800 millones de euros, de los que fácilmente se podría perder en 2017 de un 20% a un 25%, a lo que habría que sumar también una cierta bajada en las producciones animales, más los sobrecostes en alimentación de la importante ganadería de extensivo de la región ante la escasez de pastos.
Sin respuesta a la sequía desde las administraciones.
Para la organización, ni la Comunidad Autónoma, ni el Ministerio han estado a la altura de la grave situación de sequía, amparándose en el seguro agrario. Desde Atocha, se han instrumentado ayudas para contratar el aval de SAECA para aquellos agricultores y ganaderos que mantengan capacidad de endeudarse (10 millones de euros puso en la mesa, para toda España) y nuestra Consejería, ni siquiera ha financiado los intereses de esos préstamos como si han hecho en otras regiones. Se ha flexibilizado, eso sí, el condicionado de algunas líneas PAC y a última hora la administración regional ha firmado un convenio con entidades financieras para que agricultores y ganaderos profesionales puedan acceder a liquidez en condiciones “blandas”, no directamente relacionado con las inclemencias meteorológicas. Tampoco el Gobierno Central le ha hecho favores a la región, dejando a nuestras cuencas fuera de los decretos de sequía.
Precios moderados en los cereales, al alza en el vino y el aceite en espera.
Respecto de los precios percibidos por los productores, en cereales, aun manteniéndose a niveles superiores al año pasado, la abundancia mundial los ha mantenido tensionados y no han sido buenos, sobre todo a la vista de la poca cosecha obtenida aquí.
Es lo contrario de lo sucedido en vino, que inició subidas acabando el verano porque la reducción de la producción en Castilla-La Mancha y España ha venido acompañada de cosecha históricamente baja a nivel de la UE y mundial. Lástima que el precio de la uva en vendimia, pese a mejorar respecto de las precedentes, no haya compensado en general el recorte de rendimientos. La cara de la moneda ha estado en que se baten records de exportación de nuestros caldos. Estamos rondado unas ventas anuales al exterior de más de 610 millones de euros, que, en opinión de la Unión de Uniones, sin duda deberían repercutir en mayor medida también sobre una mejor situación de los viticultores, pero no lo hacen. La cruz ha podido ser que en Castilla-La Mancha haya habido una decena de bodegas que, presuntamente y según denuncia a la fiscalía hecha por la Consejería de Agricultura (que ha saltado a los medios este verano), podrían haber usado azúcar para enriquecer el grado alcohólico del vino. Que hacer vino artificialmente se plantee siquiera en Castilla-La Mancha, efectivamente es de juzgado de guardia.
En el sector de aceite, la campaña ha ido, dentro de lo que cabe, como una balsa, manteniendo todavía precios superiores a los del año anterior, pese a la moderación de precios a los que se han visto sometidos en los últimos meses. La preocupación de los olivicultores está no tanto en el precio, sino en las miradas que echan de reojo a la vecina Comunidad Valenciana, donde los focos de Xylella fastidiosa sí que son motivo de preocupación.
El melón recuperó cotizaciones en campaña, la sandía se estancó y el ajo se desplomó
Mal arranque de campaña para el melón, con precios de 0,10-0,14 euros el kilo, lo que suponía prácticamente la mitad de lo que cuesta producirlos; aunque remontó al final hasta colocarse entre los 0,28 a 0,36 euros por kilo, según categorías. La sandía, que empezó con el mismo precio que el melón apenas levantó cabeza, sino muy levemente casi al cierre.
En 2017 hemos despertado del sueño de la almendra, que ha llegado a caer hasta rondar peligrosamente los 4 euros kilo para la variedad común en grano, con recortes de hasta el 40%. Las importaciones masivas de almendra americana a unos precios con los que resulta imposible competir por nuestras condiciones productivas, han sido la principal razón; aunque también se ha apuntado desde el sector presuntos pactos de la parte compradora denunciados a la AICA.
Y en cuanto al ajo, prácticamente se desplomó desde el mes de mayo, cerrando el año del orden de un 25 % más bajo que el pasado por las mismas fechas.
Ganadería. Mejor las carnes.
En la ganadería, el vacuno de carne y el porcino han luchado con algún éxito por salir de la crisis de años anteriores, aunque este segundo ha perdido fuerza desde el verano y está ahora por debajo de las cotizaciones de 2016. El cordero no se ha desenvuelto mal, pese a que curiosamente el precio está bajando en las proximidades de Navidad, que es cuando debería subir.
El vacuno de leche sigue en crisis y el ovino se contagia.
El vacuno de leche ha arrastrado la misma crisis que en el resto de España, manteniéndose, pese a las ligeras mejorías con precios aún por debajo o apenas compensando los costes productivos: 0,341 €/litro marcaba la media de octubre, el mejor mes del año y 0,323 €/litro en junio y julio, los peores. Hay que recordar la puesta en marcha de una ayuda de mínimis por parte de la Consejería de Agricultura para compensar exiguamente las pérdidas de los ganaderos, con un total de 236.400 euros.
La leche de ovino se ha dejado contagiar por la crisis del vacuno y desde primeros de 2016 hasta ahora los precios han caído en el entorno del 30 %. En septiembre, se llegó a 1,010 euros/litro, pero estuvo en junio en los 0,917 euros por litro. Con todo hay que reconocer que el precio en la región supera en la media al español, beneficiado por el prestigio del buque insignia del sector: el queso manchego, que ha incrementado de forma importante su producción en los últimos años, de manera que es posible que acabe en 2015 ronzando los 16 millones de kilos y exportando las dos terceras partes de esa cantidad. La buena noticia, para Unión de Uniones ha sido la declaración como zona libre de brucelosis ovina de Albacete, Cuenca y Guadalajara, lo que ha relajado los controles y mejorado las expectativas comerciales.
Otro de los sectores que ha atravesado problemas ha sido el cunícola, cuya situación, gravísima para los productores, ya venía de lejos. Las pérdidas por reproductora desde que empezó la crisis podrían sumar a mediados de este ejercicio ya entre 30 y 40 euros, de los que la Junta compensó apenas 3 euros, con un gasto total de 237.700 euros para 254 cunicultores de la región.
Algo falla en la cadena.
En 2017 han vuelto a apreciarse los síntomas de que algo falla en la cadena alimentaria. Para Unión de Uniones el elemento de mayor trascendencia para los agricultores y ganaderos es y será siempre el mercado. Podemos y debemos ocuparnos de las ayudas, pero cualquier mejora sustantiva de la renta de los profesionales del campo debe venir de obtener un precio remunerativo por sus producciones. En este sentido los desequilibrios en la cadena alimentaria se han vuelto a poner de manifiesto en muchos subsectores y las iniciativas arrancadas en 2017 para concentrar proyectos asociativos, que han dado lugar a la constitución de 7 agrupaciones de productores con una capacidad de facturación de 170 millones de euros en el sector vitivinícola, pueden contribuir, según la organización, a mejorar la posición de negociación de los productores, aunque no es un camino fácil.
La Agricultura Ecológica: la herida sin cerrar.
Desde el análisis de Unión de Uniones, este año se han mantenido abiertos varios frentes polémicos en el paisaje agrario. Aún colea el brutal recorte de las ayudas a la agricultura ecológica, del orden del 60 % en algunas producciones, perpetrado en 2016, hasta el punto que Unión de Uniones y la Plataforma estuvieron en julio en el Parlamento Europeo para pedir el amparo de aquella institución. El ejercicio empezó con el incumplimiento por parte de la Consejería de Agricultura del incremento de primas para herbáceos y olivar comprometido prácticamente un año antes en el denominado Pacto de Tomelloso. Los llamados “rescates” puestos en marcha por la Consejería (en la actualidad conviven hasta 4 líneas de ayudas ecológicas distintas), no han dejado satisfechos ni a los productores afectados por el recorte, ni a los que inicialmente fueron expulsados del sistema, unos 3.000, que o bien han tenido que renunciar a las ayudas a perpetuidad o, al menos a las de un par de campañas para poder “reengancharse”.
Estos últimos, siguen aún esperando que la Consejería les comunique si han sido o no “rescatados”. Para ninguno de ellos es consuelo que el Consejero presuma de que en la región hay 326.000 hectáreas de cultivos ecológicos (en 2015 había 340.000 según el MAPAMA) y 8.100 expedientes; aunque en realidad productores serían muchos menos, porque bastantes repiten expedientes. En todo caso sigue existiendo un descontento general entre los productores ecológicos, máxime teniendo en cuenta el retraso con las ayudas se están pagando, de forma que casi se consideran afortunados los que en noviembre de este año han cobrado las de 2016.
Por otro lado, del Plan Estratégico de Agricultura Ecológica, también prometido en el Pacto de Tomelloso (abril 2016) se conoce de momento, un año y medio después, apenas un esqueleto.
ZEPAs esteparias: la herida que se ha abierto
La otra polémica identificada por Unión de Uniones en su balance del año ha estado centrada en la aprobación de los Planes de Gestión de las Zonas Esteparias de la Red Natura 2000, que afectarían a unas 200.000 hectáreas de Castilla-La Mancha imponiendo restricciones a inversiones productivas en transformación de regadíos o de cultivos y otras inversiones agrarias, así como la prohibición de determinadas prácticas agrarias en cultivos herbáceos. En ello, los agricultores afectados, unos 4.000, aprecian un claro perjuicio y una desventaja respecto de otros agricultores que no se encuentran dentro de la Red Natura.
El conflicto ha surgido pese a la flexibilización por parte de la Consejería, en cierta medida, de las duras condiciones impuestas en un principio para la implantación de cultivos leñosos en las áreas esteparias (única alternativa en la zona a unos herbáceos de secano escasamente rentables) y a la instrumentación, (de momento para unas 24.000 hectáreas y con anuncio de ampliación), de ayudas compensatorias de 208 euros por hectárea. Unas ayudas que la Consejería dice que supondrán 41 millones de euros del PDR y que, por cierto, Unión de Uniones considera que se han puesto en marcha en un procedimiento un tanto atípico, sin convocatoria pública al uso, y donde casi se sabían los beneficiarios antes de que fueran oficialmente públicas.
Bloqueo de los presupuestos 2017: la herida tapada
También ha generado polémica la vía de agua que abrió Podemos en la línea de flotación del Gobierno regional con su primer “no” a los presupuestos para 2017. Seguramente se debió a razones de la más alta política, pero Unión de Uniones señala que la baja ejecución presupuestaria, los incumplimientos de enmiendas aprobadas en 2016 (como la de la agricultura ecológica, por ejemplo) y la puesta en evidencia de algunos ejercicios de maquillaje en las cuentas de agricultura, estuvieron presentes en el debate. Hubo cruces gruesos de acusaciones y calificativos (de chantajistas a traidores) y desde la Consejería de Agricultura se señaló al Grupo morado como el causante de la ruina del sector agrario de la región por no aprobar los presupuestos. Presupuestos cuyos créditos iniciales, dicho sea de paso, a lo largo del ejercicio, se amplían, recortan y trasladan a criterio de la Consejería sin dar cuentas. Al final, seguramente razones de alta política distintas que motivaron el bloqueo presupuestario (o las mismas, ¿quién sabe?), lo desbloquearon y acabaron con la entrada de partido morado en el Gobierno de la región, lo que ha abierto expedito el camino para la aprobación de los de 2018.
La Reforma que viene.
Según Unión de Uniones, el cartel de la temporada de anuncios lo abrió en Toledo en marzo del debate sobre la Reforma de la PAC en la región, con una presentación a cargo del propio Comisario Phil Hogan, que el Consejero Francisco Martínez Arroyo se trajo desde Bruselas. Esto coincidió con su presencia en los debates del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE durante el primer semestre del año en representación (rotatoria) del resto de todas las Comunidades Autónomas. El balance de esta representación lo califico Martínez Arroyo como “positivo”. En opinión de Uniones de Uniones, al margen de que esta participación no está pensada para que ningún consejero se traiga nada para casa, siempre que se use bien, es bueno que en el Consejo se puedan trasladar, oficialmente o entre bastidores, algunas cuestiones de interés para la región y que se haya mejorado el nivel de interlocución directa con Bruselas (que es donde se toman las decisiones).
El anuncio como política.
A lo largo de todo 2017, el Consejero Martínez Arroyo no dejado pasar oportunidad en poner de manifiesto la acción política del gobierno en materia agraria. Así en un breve repaso, y dejando al margen el tema de los anticipos y pagos PAC, Unión de Uniones puede recordar: los 31 millones para regadíos, los 77 millones para modernización de explotaciones, los 180 millones de euros para el FOCAL entre 2016 y 2018; los 8,5 millones de euros para bienestar; los 50 millones del plan de ganadería extensiva (incluido 1 millón para las ovejas bomberas); los 91 millones de euros para agricultores jóvenes; los 41 para las zonas ZEPAS, los 134 millones para los grupos LEADER, los 45 millones para el arreglo de caminos; o los 231 millones de euros de los ecológicos… varias veces. La organización concede que cuando se hacen cosas, lógico es hacer gala, si uno se siente satisfecho de ellas. No obstante Unión de Uniones subraya que muchos de los millones anunciados y presupuestados, ejercicio tras ejercicio, se refieren a ayudas cuya convocatoria no sale (como los 10 millones de las indemnizaciones para zonas desfavorecidas que se consignaron en 2016 y 2017); cuyos expedientes no se resuelven (caso de la modernización de explotaciones), o cuyos pagos se retrasan meses y meses (caso de la buena parte de las ayudas que se han citado). Que esto se deba, no a mala fe del Consejero (evidentemente), sino a vaivenes políticos, lentitud de los procedimientos normativos, cambios de responsables en los departamentos, problemas informáticos, mala planificación, falta de medios o gestión nefasta de los mismos; es algo que ni sirve de alivio a los afectados, ni tampoco, según Unión de Uniones, debería ser excusa para el Consejero responsable de tomar las medidas para que no suceda.
Seguros agrarios. Punto a favor de la Consejería.
En el apartado de anuncios, en este caso positivo y cumplido, está el que se hizo desde la Consejería en su momento de revisar el mecanismo de las ayudas al seguro agrario, de manera que a los agricultores y ganaderos se les descuente la subvención regional directamente en la contratación en lugar de tener que pedirla aparte y recibirla más tarde, como venía ocurriendo en anteriores campañas. Esto obligó a presupuestar en 2017 prácticamente el doble que otros años (al coincidir la subvención del plan anterior pagada a posterior, con la del plan vigente descontada del coste de la póliza), pero se hizo y es un punto en el haber de la Consejería, aunque tampoco vendría mal que se subieran los porcentajes de ayuda regional para aprovechar las cantidades asignadas en los presupuestos.
Agua. Los resultados no acompañan la voluntad.
De que no se puede acusar al equipo de Gobierno regional es de tibieza en el tratamiento público agua, batallando contra las decisiones que ha tomado el Ejecutivo de la Nación en este asunto. La Junta ha seguido recurriendo sistemáticamente los trasvases hacia el Levante por el acueducto Tajo-Segura (pese al poco éxito de los anteriores, por otra parte), denunciando que la actual planificación hidrológica perjudica a los castellano-manchegos y reclamando que Castilla-La Mancha debe estar bien representada en los órganos de decisión de las Confederaciones. También se ha insistido en exigir una solución del Ministerio para los expedientes (2.000) de regulación de pozos en el Alto Guadiana para explotaciones prioritarias, pendientes de resolución desde 2008 pendiente y desde la Consejería se han opuesto a la apertura de los sondeos previstos por la Confederación del Segura en Albacete, que eran otro trasvase a Murcia de 10 Hm3 (parados de momento). Por último, cuando el Ministerio ha vuelto a desempolvar en 2017 el Gran Pacto Nacional del Agua, desde el Gobierno de la región se ha impuesto dos condiciones: fin del trasvase y funcionamiento de las desaladoras a pleno rendimiento. Unión de Uniones valora en este campo la actuación de la Junta y la Consejería, pese a lo cual no puede dejar de señalar que en los pantanos de cabecera del Trasvase sólo les queda el cieno del fondo y que el resto de problemas sigue sin resolverse.
La plaga que no cesa.
En cuanto a los flecos que siempre quedan a final del año, Unión de Uniones pone el acento en el grave problema de los daños causados al sector agrario por la fauna silvestre: conejos sobre todo, pero también jabalíes y cérvidos. Las emergencias cinegéticas, declaradas y ampliadas nuevamente en 2017, no atajan la plaga; y mientras las administraciones regional y central se trasladan las responsabilidades mutuamente. Es fácilmente constatable el aumento de la población de conejos, ante la desesperación de los agricultores a los que, tras varias campañas dando partes, el seguro ya ni les cubre las pérdidas. La sequía, que ha reducido el volumen de alimento natural disponible para la fauna silvestre, ha agravado la situación, al constituirse los cultivos, aún más, en refugio alimenticio. Algo si se ha hecho desde la Administración Autonómica para compensar los daños del lobo al ganado doméstico en Castilla-La Mancha, con el problema concentrado en Guadalajara, donde los ganaderos han denunciado un aumento de la frecuencia de los ataques al ganado en los últimos meses del año. No obstante, Unión de Uniones, recuerda que la partida destinada es mínima, 30.000 euros, aunque desearía que sobrase porque no hubiera ataques que compensar.
La organización llama asimismo la atención sobre la multa de 33 millones de euros que, en principio, debe afrontar Castilla-La Mancha porque Bruselas ha considerado que la definición de las superficies de pastos elegibles para la PAC que se hizo en varias comunidades autónomas durante determinadas campañas, incumplía la normativa comunitaria. Como consecuencia de ello se impuso en 2015 el coeficiente de admisibilidad de pastos, pero en todo caso el Ministerio ha decidido trasladar la responsabilidad del pago de la multa a las Comunidades Autónomas. La resolución, tras el recurso presentado por Castilla-La Mancha ante tal decisión, aún está pendiente. Para Unión de Uniones es, no obstante, muy grave que la Consejería de Agricultura no garantice, tal y como la organización ha solicitado, que no serán en ningún caso los agricultores y ganaderos, únicos que no son responsables en este asunto, quienes asuman llegado el momento el pago de la multa con descuentos sobre sus ayudas.
En diciembre se cobrará el 90 % de la PAC
El año se cierra finalmente, con el abono de la práctica totalidad del Pago básico, del Pago Verde y del Régimen de Pequeños Agricultores, que suponen en nuestra región más o menos el 90 % de las ayudas PAC, del 0rden de 580 millones de euros. Quedarían pendientes, por lo tanto, el pago de las ayudas asociadas a los diferentes cultivos y producciones ganaderas (protéicos, frutos cáscara y las diferentes líneas de ovino y caprino) que serían unos 60 y el pago a jóvenes, que podría ser unos 2 millones.
