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Aprobado el decreto que establece el modelo de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada de C-LM

Aprobado el decreto que establece el modelo de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada de C-LM

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes el decreto por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, con el que el Gobierno quiere contribuir a atajar problemas estructurales de la Comunidad Autónoma como la despoblación o, en el caso de Talavera de la Reina (Toledo), la tasa de desempleo.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado en rueda de prensa que «se pretende así dar respuesta a las necesidades detectadas estas zonas y luchar contra el despoblamiento en comarcas cuyos ratios de habitante por kilómetro cuadrado están muy por debajo de los que fija la Unión Europea para hablar de zonas escasamente pobladas».

Desde el Ejecutivo autonómico, según ha informado en un comunicado, se ha llevado a cabo durante el último año un proceso de participación y debate en cada uno de los territorios afectados; así como un análisis DAFO para implementar actuaciones y estrategias encaminadas a recuperar población en estos territorios.

El Consejo de Gobierno, en su reunión del 26 de abril de 2016, ya identificó las áreas geográficas con necesidades específicas de desarrollo que son las comarcas de Talavera y Campana de Oropesa, en la provincia de Toledo; las comarcas de Almadén y Campo de Montiel, en Ciudad Real; la comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y Sierra del Segura, en la provincia de Albacete; y la totalidad de las provincias de Cuenca y Guadalajara, a excepción del Corredor del Henares.

Esta actuación está dirigida a un total 623 municipios de Castilla-La Mancha de los cuales 37 pertenecen a la provincia de Albacete; 26 a la de Ciudad Real; 238 a la de Cuenca, 262 a la provincia de Guadalajara y 60 a la comarca de Talavera de la Reina (Toledo). Estas zonas ITI engloban el 50 por ciento del territorio regional, aunque su peso demográfico es del 17 por ciento.

NUEVE LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Martínez Guijarro ha detallado que se contemplan un total de 9 líneas estratégicas, con 34 objetos operativos y 114 acciones prioritarias que contemplan una reserva de fondos estructurales de 490 millones de euros, que se destinarán exclusivamente a estas zonas, proveniente del Fondo Social Europeo, el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER).

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De esta forma se da cumpliendo el compromiso que asumió el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de destinar el doble de financiación por habitante en estas zonas (unos 1.500 euros) que para los del resto de la región.

La ejecución de estos fondos tendrá dos vías, ya sea directamente por el Gobierno regional o a través de la iniciativa privada, «generando un mecanismo de discriminación positiva, aumentando la financiación para esas empresas o reservando determinados créditos en algunas convocatorias», ha dicho el vicepresidente.

Desde el Gobierno regional se pretende con la ITI promover una mejora de las infraestructuras con especial hincapié en las telecomunicaciones «para producir una digitalización de la economía en estas zonas», así como realizar inversiones productivas que sean compatibles con el entorno «ya que estamos hablando de zonas con un importante valor ambiental» e incluso la puesta en valor de los recursos endógenos.

SEGUIMIENTO DE LA ITI

El seguimiento de la ITI se realizará a través del Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento, con representación de órganos intermedios y autoridad de gestión de los fondos, así como órganos gestores regionales.

También se establecen los subcomités territoriales de participación de cada subzona ITI, un órgano de interlocución compuesto por representación local de ayuntamientos, de los grupos de desarrollo rural, de la Universidad y de los agentes sociales y económicos de esas comarcas que se encargarán de analizar qué tipo de proyectos se deben impulsar, además de informar y valorar de aquellos procedimientos que sean presentados por esas administraciones.

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