El acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y los sindicatos CCOO, UGT, SATSE y ANPE, que representan a una amplia mayoría de los empleados públicos de la Junta, tanto en la Administración General como en el ámbito de la Sanidad y la Educación, supone un verdadero hito en la recuperación social y económica de la comunidad autónoma tras cuatro años de recortes, pobreza y desigualdad.
Por ello, me gustaría en primer lugar agradecer la comprensión y la disponibilidad de las organizaciones sindicales para acordar con el Gobierno de Castilla-La Mancha una recuperación de los derechos suprimidos a los trabajadores de la Administración regional.
Un acuerdo que evidencia que el Gobierno de García-Page cumple con sus compromisos y trabaja desde el diálogo para reparar todas las injusticias cometidas por el anterior Ejecutivo, compatibilizando la adopción de medidas para las personas que están trabajando con otras destinadas a aquellas que no tienen trabajo, como es el Plan Extraordinario por el Empleo.
Así, tras varios meses de negociación, Gobierno y sindicatos hemos acordado un calendario justo y asumible por la Administración regional para devolver gran parte de los derechos arrebatados en la anterior legislatura, sin que su cumplimiento suponga un menoscabo en la recuperación de otros derechos o prestaciones sociales que fueron suprimidos en los últimos cuatro años a muchos ciudadanos de esta región.
La devolución del 50% de la paga extra de 2012 pendiente aún de abonar; la recuperación del 3 por ciento del salario recortado por el anterior Ejecutivo; el incremento del 1% de la masa salarial en 2016; la devolución de los días adicionales por asuntos particulares y vacaciones; la concesión de cuatro días de ausencia por enfermedad al año sin merma retributiva o la convocatoria de ofertas de empleo público con la tasa de reposición máxima como se comprometió el presidente García-Page son los puntos principales de este acuerdo que consolida la política iniciada por el Gobierno de Castilla-La Mancha hace medio año para recuperar la autoestima de los trabajadores de la Junta.
Quiero resaltar, además, que el Ejecutivo regional ya había adoptado otras iniciativas en la misma línea que este acuerdo con los sindicatos como ha sido la recuperación de la jornada de 35 horas semanales a partir del 1 de enero de 2016; el abono de un 25% de la paga extra de 2012 en la nómina del pasado mes de octubre; la reincorporación de los interinos despedidos o la prolongación del servicio activo para empleados de la Junta cuando alcanzan la jubilación.
Estamos por tanto ante un acuerdo que no solo es bueno para un colectivo formado por más de 68.000 trabajadores y sus familias sino también para toda la ciudadanía que empieza a contar de nuevo en Castilla-La Mancha con unos servicios públicos dignos de llamarse así.
Juan Alfonso Ruíz Molina
Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
