El Gobierno de Castilla-La Mancha intensificará el control para evitar que funcionen estaciones de servicio sin atención de personal en la región. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha trasladado hoy el apoyo del Ejecutivo regional, a las peticiones realizadas acerca de esta situación por la Federación de Estaciones de Servicio, FECAMAESS, así como por representantes regionales de los sindicatos CCOO, UGT y de FACUA y CERMI, durante una reunión celebrada en la sede de la Consejería.
La principal demanda de estos colectivos se ha centrado en el incumplimiento por parte de algunas gasolineras de la región del decreto 33/2005, referido a los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio de suministro al por menor de carburantes y combustibles de automoción en instalaciones de venta al público. Este texto establece que todas estas instalaciones deben disponer de, al menos, una persona responsable de los servicios que en ella se prestan.
Durante la reunión, todos los colectivos representados se han mostrado de acuerdo en que, al no tener gastos salariales, las estaciones de servicio que incumplen esta normativa realizan una competencia desleal a quienes sí tienen personal, un punto en el que coinciden también los sindicatos, que apuestan por la creación de puestos de trabajo en el sector y el refuerzo de los ya existentes.
Asimismo, los responsables de FACUA y CERMI han resaltado que, “al no haber trabajadores que atiendan, las personas con discapacidad se encuentran con grandes dificultades para poner suministro en sus vehículos”.
Otro tema que el sector ha tratado durante el encuentro con la consejera ha sido la competencia desleal que ejercen las cooperativas agrícolas que dan suministro no sólo a sus cooperativistas, sino también a personas ajenas.
Próxima reunión con representantes de Sanidad y Agricultura
La consejera, durante el encuentro, en el que también ha participado el director general de Industria, Energía y Minas, José Luis Cabezas, ha reiterado su apoyo y la colaboración por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para intensificar la vigilancia sobre el cumplimiento de la ley vigente, y se ha comprometido a trasladar la situación y la búsqueda de soluciones conjuntas a las consejerías que comparten la mayoría de las competencias sobre los temas tratados, Sanidad y Agricultura, así como a plantear una próxima reunión con todos los actores implicados.
