El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha valorado positivamente la decisión de hoy de la Mesa de las Cortes para crear una comisión que modifique la Ley de Gobierno y Consejo Consultivo. García Molina ha afirmado, también, la intención de su grupo parlamentario de “empezar una ronda de conversaciones” con el resto de partidos “para iniciar un debate sobre las condiciones del ejercicio político de los diputados y diputadas, en concreto sobre salarios, exclusividad y complementos”.
Sobre la reforma de la Ley de Gobierno y Consejo Consultivo, García Molina ha continuado señalando cómo “éstos cambios” no tienen “nada que ver con nombres y apellidos. Hay que pensar en modificar la ley, y no en Bono o en Cospedal”. “Quizás otros hacen política mediática, o tienen sus guerras particulares, pero nosotros pretendemos que se garantice la ausencia de privilegios y un funcionamiento más transparente y democrático a través de un cambio legal. No pueden dejarse estas cuestiones al libre arbitrio de las personas que se benefician” de los privilegios, ha concluido.
El diputado de Podemos ha expresado su intención de que “el ejercicio de la política se equipare en derechos y deberes al trabajo que llevan a cabo otros profesionales públicos”. García Molina ha calificado los complementos y las dietas como “un privilegio que no tiene ningún otro profesional”, afirmando que “a nadie le pagan por ir a trabajar, le pagan por trabajar”. Finalmente ha destacado la necesidad de “llegar a un acuerdo para fijar unos salarios aceptables, en función de las responsabilidades”, a pesar de manifestar el compromiso de los diputados de Podemos para “seguir cobrando tres veces el salario mínimo interprofesional”.
García Molina también se ha referido al techo de gasto, el cual “viene marcado desde el Gobierno central” y a la importancia de llevarlo “a pleno” el próximo jueves, donde previsiblemente ”estaremos en condiciones” de aprobarlo.
Por otro lado, ha expresado su satisfacción respecto a la financiación del Plan de Rescate Ciudadano, la cual llegará a “cerca de 630 millones de euros”. En este sentido, ha matizado cómo, además de los incrementos en las partidas presupuestarias destinadas a “educación, servicios sociales e I+D+I”, es imprescindible saber “cuánto se limita el gasto superfluo, esencialmente en altos cargos de la Junta”.
Finalmente, en referencia a los Presupuestos, ha señalado cómo “queda mucho por hacer, pero, con la información que tenemos, creemos que hay muchas posibilidades”.
