Un total de 414 niños extranjeros que viajaban solos llegaron a las costas españolas el año pasado en pateras o embarcaciones similares, lo que supone un incremento del 85,65 por ciento respecto de 2014, cuando fueron 223, y de hasta el 160% en comparación a 2013, con un total de 159. En Castilla-La Mancha hay un total de 23 niños extranjeros bajo tutela de los servicios de protección.
Así se desprende de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, presentada este martes con motivo del inicio del Año Judicial. La cifra que ofrece no incluye a los niños que cruzaron las fronteras sin sus padres por otras vías, como en los bajos de vehículos, sino exclusivamente a los que lo hicieron por mar.
Según expone, en el 96,85% de los casos eran varones y los grupos más amplios procedían de Argelia (45,41%) y Marruecos (31,4%). El resto de los llegados el año pasado eran nacionales de distintos estados del África subsahariana.
En total, el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, la base de datos nacional donde se inscribe a todos estos niños que no tienen un adulto que se haga cargo de ellos, contaba a 31 de diciembre de 2015 con 3.341 menores (eran 3.419 en 2014), de los que 452 son niñas y 2.889 niños, y el grupo más amplio (2.197) tienen nacionalidad marroquí.
Esto supone una disminución del 2,28 por ciento la cifra de niños extranjeros bajo tutela de los servicios de protección de las comunidades autónomas. El mayor número consta en Andalucía (973); 759 figuran en Melilla; 375 en Cataluña; 321 en el País Vasco y 305 en Madrid.
Asimismo, figuran 198 niños extranjeros bajo tutela en Ceuta; 105 en la Comunidad Valenciana; 93 en Canarias; 56 en Murcia; 39 en Asturias; 23 en Castilla y León; 23 en Castilla-La Mancha; 35 en Galicia; 8 en Cantabria; 9 en Extremadura; 7 en Aragón; 6 en Baleares; y 6 en Navarra, de acuerdo a los datos del Fiscal de Sala de Extranjería.
Precisamente, sobre este Registro de Menores no Acompañados, el informe recuerda a los fiscales que deben «adoptar las medidas oportunas para conocer la información registral que pueda existir sobre el afectado» y afirma que «si no tiene a la vista el documento en que la Policía le facilite dicha información, debe suspender la tramitación del expediente, no acordando o dejando sin efecto la realización de cualquier tipo de pruebas médicas».
MÁS PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE LA EDAD
En cuanto a la respuesta a los niños extranjeros que están solos, los fiscales de toda España incoaron un total de 2.539 diligencias preprocesales de determinación de edad para tratar de probar si habían o no cumplido los 18 años, lo que supone un incremento del 24,27 por ciento respecto del año anterior.
De estas 2.539 pruebas de determinación de la edad (una persona puede ser sometida más de una vez a estos exámenes si cambia de comunidad autónoma), un total de 1.033 dieron como resultado que el afectado sí que era menor, mientras que en 888 casos se determinó que era un adulto. En los 615 casos restantes, las diligencias fueron archivadas por causas como la no comparecencia.
El Defensor del Pueblo viene alertando de que el volumen de pruebas de determinación de la edad en España es demasiado elevado, dado que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se pueden practicar estos análisis, generalmente radiográficos pero también de examen dental y genital, a menores que porten documentación original expedida en su país de origen y que acredite la fecha de nacimiento.
Sin embargo, como vienen denunciando organizaciones como Fundación Raíces, en la práctica menores documentados mediante sus embajadas son sometidos a estas pruebas que, también según el Defensor del Pueblo, tienen un margen de error de hasta tres años. Esto implica que un joven de 16 puede ser tomado por uno de 18 y expulsado del sistema de protección de menores.
El informe anual del Fiscal de Sala de Extranjería detalla que Melilla concentra el mayor número de diligencias de determinación de la edad realizadas en España (25%), seguida a distancia por Almería (17,17%), Barcelona (12,52%), Algeciras (10,20%) y Ceuta (5,31%). Murcia, con 129 casos, representa el 5,08% y Las Palmas, con 117, supone el 4,6% que casi duplica a las de Madrid (2,59%). En el País Vasco se han resuelto 89 expedientes, lo que equivale al 3,50%.
Sin embargo, los resultados difieren. En Las Palmas (64,10%); Almería (63,81%); Melilla (59,51%) y Algeciras (57,75%) han prevalecido los decretos de mayoría de edad. Por el contrario en Murcia (83,87%); Ceuta (71,21%); Barcelona (69,83%); Vizcaya (69,23%); Granada (62,99%) y Madrid (56,25%) son más numerosos los decretos de minoría de edad. En Málaga, 66 de los 67 decretos dictados resolvían que los afectados eran menores.
Según explica el informe, «los casos conflictivos, ya por haberse combatido indirectamente el decreto del fiscal en la jurisdicción civil ya por haber sido objeto de queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo, son muy escasos no superando en ningún caso el 0,55% del total de expedientes incoados». Con todo, recuerda las previsiones de la Ley de Protección de la Infancia, en la que se establece que «cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad».
