La ley para evitar que se instalen en Castilla-La Mancha proyectos de extracción de gas mediante la técnica del fracking tendrá carácter retroactivo y afectará a las iniciativas que ya han comenzado su recorrido en la Comunidad Autónoma, y será una medida que se basará en poner todas las trabas burocráticas posibles para que las empresas interesadas desistan de intentar instalarse en la región.
Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, en la rueda de prensa para explicar los acuerdos adoptados del Consejo de Gobierno, donde ha explicado que gracias a esta ley cuyo anteproyecto fue aprobado este martes «será más difícil darse de baja de una compañía telefónica» que poner en marcha un proyecto de este tipo.
En concreto, esta medida afectará a tres proyectos en Castilla-La Mancha, dos de ellos autorizados por el anterior Ejecutivo autonómico y otro más por el Gobierno estatal.
De esta manera, los proyectos deberán ir acompañados de estudio geológico atendiendo a la calidad de aire, del agua, presencia de metano, usos del suelo y biodiversidad del mismo que podría verse afectada.
También, el operador deberá garantizar un diseño y construcción adecuada y pruebas de integridad que deberán de ser evaluadas por un tercero independiente, así como un informe de seguridad ambiental.
Deberán hacerse cargo de la clausura del pozo para evitar derrames, presentar planes de gestión detallando la procedencia de recursos hídricos e incluir impacto acústico y estudio de sismología.
«Los operadores deberán y estarán obligados a paralizar trabajos y tomar medidas correctoras en caso de accidentes o problemas de seguridad, y llevar un seguimiento periódico», ha añadido Hernando.
Además, la Junta podrá solicitar una evaluación de impacto de salud que cubra las condiciones de la utilización y las responsabilidades potenciales de cualquier tipo de daño.
«Si con esto fuera poco, cualquier proyecto deberá de ser aprobado por Consejo de Gobierno por decreto», ha insistido.
