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viernes, 20 diciembre
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La red de oficinas de intermediación hipotecaria de CLM paraliza 36 desahucios

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La red regional de oficinas de intermediación hipotecaria ha logrado paralizar 36 lanzamientos de desahucio, tres de ellos en la provincia de Cuenca, y ha atendido a más de 1.100 personas– 53 en la provincia conquense–, desde que, hace un año, se firmase el convenio con el Colegio de Trabajadores Sociales y los decanos de los diferentes colegios de abogados de la Comunidad Autónoma, que permitió su puesta en marcha.

Así lo ha confirmado este jueves la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, en la inauguración de un curso de especialización impartido a través de las oficinas de asesoramiento e intermediación hipotecaria de la Junta, organizado por el Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, donde ha concretado que del total de desahucios.

En declaraciones a los medios de comunicación, previas a su intervención en el acto de inauguración de dicho curso, celebrado en la Facultad de Trabajo Social del campus de Cuenca de la UCLM, De la Cruz ha agregado que el Gobierno regional está «muy contento» con el balance arrojado por dicha red de oficinas, ya que, ha subrayado, el número de personas atendidas «supera el índice de desahucios que tenemos en Castilla-La Mancha».

«Eso quiere decir», ha continuado la titular de Fomento, «que estamos haciendo labor preventiva», ya que, personas «en riesgo de no poder pagar al mes siguiente su cuota hipotecaria, gracias a la intermediación de los trabajadores de estas oficinas, han conseguido reducir su cuota», así como «renegociar con entidades bancarias pagos pendientes y que ni siquiera se inicie cualquier procedimiento de desahucio».

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno regional está «satisfecho» y ha avanzado que su intención es «seguir creciendo», como lo demuestra, a su juicio, la firma del convenio que permitirá «la asistencia a personas que puedan ser desahuciadas de alquileres por impagos debido a insolvencia económica» o el acuerdo con diferentes entidades bancarias «en materia de colaboración y de puesta a disposición de viviendas para personas que puedan ser desahuciadas de su domicilio habitual», senda que, ha resuelto, «es el camino a seguir».

Torre de Gazate Airén

Castilla-La Mancha cuenta con seis oficinas de este tipo, «suficientes para atender los casos que van viniendo», ha dicho De la Cruz, para, a continuación, recordar que a ellas se han sumado las 87 oficinas de la OMIC, «que también servirán para orientar a las personas que puedan acudir a las oficinas de intermediación hipotecaria».

JORNADAS

Con respecto a las jornadas, la responsable de Fomento en la Admnistración regional ha puntualizado que su objetivo es «formar a trabajadores de las oficinas de intermediación y abrirlas a abogados, trabajadores sociales o estudiantes» que estén interesados en formarse «en una materia tan compleja y que en estos últimos años ha dado un giro tan radical».

En ellas, según ha explicado, se pondrá en común «la experiencia que hemos tenido durante un año de funcionamiento de oficinas de intermediación hipotecaria» y se podrá «ver cómo se han atendido los diferentes casos». Paralelamente, «la experiencia que salga de estas jornadas nos servirá también para ir mejorando el funcionamiento de nuestras propias oficinas», ha resuelto.

Por su parte, el presidente del Colegio de Trabajo Social, Florencio Alfaro, ha defendido la presencia de la figura del trabajador social «en el resto de consejerías», incluyendo «intervención en viviendas sociales propiedad de Fomento».

La vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, María Ángeles Zurilla, ha hecho hincapié en que la materia objeto de estas jornadas es un «tema de candente actualidad, que ha dado lugar a una serie de reformas legislativas importantes en nuestro país y que centra también la atención de agentes sociales».

TERRENOS RENFE

En otro orden de cosas, preguntada acerca del proyecto para trasladar las vías del tren convencional del centro de Cuenca, la consejera de Fomento ha admitido que se trata de una «decisión compleja de tomar» y que, si se decidiese «sacar las vías del tren, tendría que haber una contraprestación económica en materia de inversión por parte del Gobierno de España para la ciudad».

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