El Ejecutivo castellano-manchego ha celebrado en la mañana de este martes una nueva edición de su Consejo de Gobierno Abierto presidido por el presidente autonómico, Emiliano García-Page, en esta ocasión con Unicef como entidad invitada, con la que se ha alcanzado un total de siete acuerdos firmes, entre los que destaca la elaboración de un Plan de Infancia regional y el impulso de una nueva ley que proteja al sector.
La consejera de Bienestar Social del Gobierno autonómico, Aurelia Sánchez, ha explicado en rueda de prensa estos acuerdos, detallando sobre el Plan de Infancia y Familias que contempla la creación de una comisión de trabajo que tendrá como objetivos la defensa de derechos de la infancia, la promoción y bienestar de los más pequeños y sus familias y la intervención y protección de los menores en riesgo de exclusión.
En cuanto al nuevo texto normativo, servirá para actualizar la vigente ley aprobada en 2014, ya que a juicio de Sánchez «tiene carencias y vacíos» con respecto a la normativa estatal que se aprobó posteriormente en 2015.
Se creará igualmente un Consejo Regional de la Infancia y las Familias con la intención de que empiece a funcionar en 2017, órganos que estará enmarcado dentro de esta ley. Este Consejo será un órgano consultivo y de participación con la presencia de UNICEF, además de otras entidades y departamentos de la Administración regional.
Entre los acuerdos, también se impulsará la colaboración en investigación social con Unicef, incorporando sus estudios sociológicos.
Ha mostrado la consejera su voluntad de seguir colaborando en materia de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. En este caso, en 2016 habrá una nueva convocatoria pública para entidades sociales, dentro de la cual Unicef va a gestionar dos proyectos.
Estas iniciativas son, por un lado, acción humanitaria para la población afectada por el terremoto de Ecuador; a la que hay que sumar un Plan de Acción Integral comandado por Unicef para dar respuesta a las necesidades tras el huracán de Haití, centrándose en la consecución de agua potable.
El sexto acuerdo al que se ha llegado este martes entre Unicef y Junta es el de seguir prestando servicios de salud, educación y servicios sociales a todas las personas refugiadas que lleguen a la región.
Por último, Junta y Unicef se comprometen a seguir impulsando políticas para paliar la pobreza infantil, entre las que destaca la segunda edición del Plan Regional contra la Pobreza Energética, estrategia de la que ya se han visto beneficiadas 20.000 personas, 9.300 de ellos menores de 16 años.
UNICEF CELEBRA LA INICIATIVA DE C-LM
Por su parte, el presidente nacional de Unicef, Carmelo Angulo, ha celebrado que esta reunión haya sido la primera que la entidad ha celebrado con un Gobierno regional de manera transversal con todas las consejerías.
«Hemos visitado a muchos presidentes autonómicos, consejeros de Familia o de Asuntos Sociales, pero es la primera vez que sentimos esta sensibilidad para abordar transversalmente los problemas de la infancia», ha asegurado.
Según ha dicho Angulo, en Castilla-La Mancha hay casi 400.000 niños, y en los últimos años ha descendido la aportación económica al colectivo. En todo caso, sí que ha considerado que «hay ahora voluntad política» para abordar temas pendientes.
Angulo ha avanzado además que próximamente se va a poder presentar el primer Informe de la Infancia de la región, realizado gracias al apoyo de los 12.000 socios de Unicef en la Comunidad Autónoma y en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.
En su opinión, este informe «permitirá al Gobierno regional tener datos más finos» para abordar los problemas de la infancia castellano-manchega.
En cuanto a la Comisión de seguimiento que estará recogida por la futura Ley, Angulo ha señalado que también estará amparada en el Pacto por la Infancia suscrito con los tres grupos políticos con representación en las Cortes regionales –PSOE, PP y Podemos–, suscrito hace algunas semanas en el Parlamento autonómico.
Por último, Angulo ha puesto el foco en los niños, abogando por «escucharles» más. «Los niños quieren que se les escuche, que se les atienda, y que lo que cuentan pueda ser llevado al marco legal», ha finalizado.
