El presidente de la Federación castellano-manchega de Estaciones de Servicio (FECAMAES), Alberto Domínguez, ha lamentado que el céntimo sanitario –impuesto que se aplica a los hidrocarburos– siga perjudicando a Castilla-La Mancha, al tiempo que ha señalado que desconoce «la idea que tiene» el presidente regional, Emiliano García-Page, sobre este impuesto, ya que aún no se han podido reunir con él.
Alberto Domínguez ha declarado este jueves en declaraciones a los medios, durante el IV Foro de Empresarios de Estaciones y Servicios, que a lo largo del Gobierno de María Dolores Cospedal mantuvieron «muchas reuniones» y consiguieron una «serie de promesas» en las que el céntimo sanitario iba a ir «desapareciendo progresivamente», pero se quedaron con «la miel en los labios» porque no se pudieron llevar a cabo.
Según ha explicado el presidente de la Federación, el céntimo sanitario provoca el «efecto frontera», que según ha explicado, consiste en que «hoy en día los camioneros tienen unos depósitos que son capaces de atravesar la región sin parar a repostar», y «lógicamente miran por sus intereses», al tiempo que ha añadido que «existe una diferencia de precio, que es causado por este impuesto» y «les interesa repostar en otras regiones».
La diferencia limítrofe es de cuatro céntimos el mililitro, según ha afirmado el presidente de FECAMAES, que ha explicado que esta diferencia varía según la comunidad, precisando que Castilla-La Mancha está «en desventaja» y ha recalcado que este impuesto tenía que haber desaparecido.
De su lado, el vicepresidente de FECAMAES, Javier de Antonio Arribas, ha declarado que llevan mucho tiempo «aguantando» estas circunstancias que han provocado una «clara pérdida de competitividad» con el resto de las regiones. También ha remarcado que el céntimo sanitario ha pasado a llamarse «impuesto especial» porque fue considerado ilegal por la Comunidad Económica Europea, pero que en este caso la región de Castilla-La Mancha se ha quedado con esa «rémora» y es una competencia «desleal» que afecta al sector.
«SITUACIÓN INJUSTA»
Por otra parte, el presidente de la Conferencia Nacional de Empresarios de Estaciones de Servicio, Jorge Benito, ha afirmado que este impuesto esta teniendo «unas consecuencias de devoluciones millonarias por parte del Estado hacia los transportistas y hacia muchas estaciones de servicio» y ha recalcado que es una situación «totalmente injusta» en una nación que quiere llamarse «única», en la que «no debería de haber fronteras».
Además al ser un impuesto especial no puede «ser diferente» en cada una de las comunidades autónomas y ha afirmado que a pesar de que los políticos le «dan la razón», es un problema que «no acaban de resolver», por eso ha hecho un llamamiento para que «igualen ese impuesto a todas las regiones de España».
En la misma línea, Benito ha destacado otros problemas que les preocupan como son las «estaciones desasistidas», unas estaciones que no requieren de personal y que «incumplen» la legislación vigente, poniendo como ejemplo que en Castilla-La Mancha se cerraron dos estaciones que se estaban abriendo en estas condiciones.
En esta lucha están apoyados por todos los sindicatos, según ha aseverado, porque la creación de estas estaciones puede generar «una economía social negativa», en la que «60.000 personas» podrían ir al desempleo si se apostase por este sistema.
Además, el presidente de la Conferencia Nacional de Empresarios de Estaciones de Servicio ha destacado que las personas discapacitadas se verían afectados porque necesitan de personal a la hora de repostar en estas estaciones.
CAMBIO DE TENDENCIA
Aunque Benito se ha mostrado convencido de que va a haber «un cambio de tendencia» y de que la situación va a mejorar, ya que el pasado mes de octubre se aprobó en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria «que instaba a las comunidades autónomas a que legislasen a favor de que todas las estaciones en su horario de funcionamiento tuvieran una persona al frente de las mismas».
Por último, ha mencionado el caso de las cooperativas que «actúan como gasolineras vendiendo a terceros». «Si una cooperativa no está vendiendo a sus cooperativistas y no está dado de alta como una estación de servicio es claramente intrusismo», ha asegurado.
«Queremos mantener la red de estaciones que tenemos en este momento que es fantástica y es un referente en Europa y a nivel mundial, y lo que queremos es un empleo de calidad, unos servicios de calidad para la persona que viaja. Somos estaciones de servicios con la ‘s’ en plural porque cada vez hacemos más servicios», ha concluido el presidente.
