Aplicar el criterio de la idoneidad a la hora de nombrar a los altos cargos o «no dejar aparcados» a los ex presidentes regionales, que son «una oportunidad» por su «experiencia», son algunas de las recomendaciones que tanto la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi Gutiérrez, como el responsable de ‘gobiernotransparente.com’, Rafael Ayala, han realizado en la Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003 que se celebra en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Arizmendi, encargada de abrir esta nueva sesión de la comisión, ha ofrecido consejos tanto para la reforma de le Ley del Gobierno como para el Proyecto de Ley Transparencia y Buen Gobierno, que ya ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno.
Tras recomendar que la Ley de Transparencia incluya como sujeto obligado al Consejo de Gobierno y al Consejo Consultivo, porque de lo contrario quedaría en un «limbo jurídico», ha incidido en la necesidad de que a la hora de nombrar a un alto cargo, además del mérito, la capacidad y la honorabilidad, se tenga en cuenta la idoneidad.
LAS AGENDAS DE LOS RESPONSABLES PÚBLICOS
La responsable del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno aboga también por publicar las agendas de los responsables públicos, a fin de «rendir cuentas del tiempo publico». De ahí, que haya apuntado que el organismo que dirige trabaja con la Agencia de Protección de Datos para crear una agenda para la transparencia.
Esther Arizmendi ha incidido en la necesidad de determinar el régimen de incompatibilidades, pues ha defendido que «lo que se detecta tempranamente evita situaciones vergonzantes y disgustos para la opinión pública». También ha puesto el acento en supervisar las cuentas bancarias que abren las administraciones, pues muchas veces no se cierran y no se sabe el motivo por el que se abrieron.
«La transparencia no es un complemento es la esencia de una buena forma de gobernar y por ello debe tener peso fundamental no sólo para los sujetos obligados por ley, sino como principio rector», ha concluido Arizmendi, que también ve necesario crear un organismo regulador que inspeccione y sancione en esta materia.
LA EXPERIENCIA DE LOS EX PRESIDENTES
De su lado, el responsable de ‘gobiernotransparente.com’, ha recomendado a los diputados castellano-manchegos, que están abordando la reforma de la Ley del Consejo de Gobierno y del Consejo Consultivo, que entiendan que los ex presidentes regionales –José Bono, José María Barreda y María Dolores de Cospedal– son una «oportunidad por su experiencia» y por ello se les debe «tratar bien» y «no dejarles aparcados y llamarles sólo para el Día de Castilla-La Mancha».
Y es que Ayala, que ha incidido en la necesidad de regular los recursos que puedan usar, «que no deben de ser muy elevados», y en dotarles de un estatus, ha aconsejado que les pregunten a los propios ex presidentes y que, entre ellos, determinen la norma que ha de regirles.
Así las cosas, se ha mostrado partidario de elaborar un código ético de los altos cargos para regular su conducta y evitar, de «manera preventiva», las malas prácticas que se pueden evitar. Para ello, y de forma previa, es necesario definir qué es un alto cargo, a fin de determinar también cuáles han de ser las incompatibilidades del Consejo de Gobierno.
UN TOPE MÁXIMO DE LOS REGALOS
El responsable de ‘gobiernotransparente.com’ recomienda también determinar posibles conflictos de intereses, estableciendo qué relaciones pueden mantener con empresas privadas y la manera de administrar su patrimonio para evitar posibles colisiones. Asimismo, ha aconsejado poner un tope máximo de los regalos que pueden recibir los altos cargos.
En esta línea, ha hablado de la iniciativa ‘Tres de tres’, que se está llevando a cabo en México a fin de recuperar la confianza ciudadana, y que obliga a los diputados y cargos electos a presentar tres declaraciones: la patrimonial, para conocer sus bienes; la fiscal, para ver si está al corriente de sus obligaciones; y una declaración de intereses, que permite identificar las posibles relaciones que puedan interferir en su toma de decisiones.
Que el gobierno sea abierto, que tenga interacción con la sociedad, que sea transparente, que rinda cuentas y que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones y en la creación de las normas, son otras de las recomendaciones formuladas por el responsable de ‘gobiernotransparente.com’.
