Doce comunidades autónomas, todas menos las gobernadas por el PP, se han reunido en Madrid para exigir al Ministerio de Empleo que convoque una conferencia sectorial urgente para negociar cambios en el Plan de Garantía Juvenil y que coordine con ellas y con antelación el reparto de fondos para las Políticas Activas de Empleo: los 1.800 millones de este año se distribuyeron la semana pasada.
El encuentro ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados. Han participado consejeros y directores generales de Empleo de Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Cantabria, Andalucía, Asturias, Canarias, Extremadura, Navarra y la Comunidad Valenciana, así como el portavoz de Empleo del PSOE, Rafael Simancas. No han acudido, pero forman parte del grupo, representantes de País Vasco y Aragón.
El consejero balear de Trabajo, Iago Negueruela, ha explicado que las autonomías convocadas querían trasladar hoy su preocupación por ese reparto de 1.800 millones de euros a finales de año para medidas de inserción laboral, lo que a su juicio pone en riesgo «un dinero destinado a un trabajo básico» y obliga a las comunidades a financiar al Estado.
«Supone que las comunidades financian las políticas del Estado, que tienen que ser pagadas por el Estado, cuando además te ahogan con limites de déficit y cuando el ministro Montoro se permite decirnos qué recortes tenemos que realizar», ha dicho el consejero.
DUPLICAR LOS FONDOS
Ha exigido por ello en nombre de las doce autonomías que la conferencia sectorial en la que se acuerda la distribución de fondos tenga lugar a principios de año y que además se incremente la cuantía el año que viene porque en 2011 ascendía a 3.000 millones. «Sería básico recuperar esos fondos imprescindibles para mejorar la empleabilidad de las personas», ha añadido Negueruela.
Con respecto al Plan de Garantía Juvenil, el secretario general de Empleo de la Junta de Andalucía, Julio Coca, ha denunciado los «gravísimos errores» que el Ministerio de Empleo comete a juicio de estas comunidades, que exigen una Conferencia Sectorial de Empleo urgente.
En declaraciones a Europa Press, Coca ha expuesto las «trabas y obstáculos normativos» con las que los jóvenes se encuentran para, entre otros aspectos, el que debería ser simple registro en el mismo. «No se les permite que hayan trabajado en los 30 días previos o que hayan realizado un curso de formación de más de 40 días en los últimos 90 días», ha expuesto Coca, que ha detallado que en los ficheros del programa sólo hay inscritos 347.000 jóvenes, cuando debería haber más de un millón.
A las críticas al departamento de Fátima Báñez se ha sumado también la consejera catalana de Trabajo, Dolors Bassa, quien ha explicado que ya en junio envió una carta al Ministerio denunciando que era «un desastre» el Plan de Garantía Juvenil, que les impedía organizar sus políticas, pero que «la respuesta fue nula».
«UN NUEVO CAMINO» ENTRE EMPLEO Y LAS CCAA
El balear Iago Negueruela ha exigido a la ministra «una mejor coordinación» y «un nuevo camino» en la relación entre el Ministerio y las autonomías, empezando por la convocatoria «cuanto antes» de la Conferencia Sectorial.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que el Gobierno trata a las autonomías «como actores secundarios» cuando son las que atienden a los parados en las oficinas, y ha exigido «mejora del diálogo social».
«Son las reglas de juego que pedimos al Ministerio que cambie, en una nueva etapa política en la que el consenso tiene que primar», ha añadido Franco.
