La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado la tramitación del Decreto del Catálogo de Servicios y Prestaciones de Dependencia, de su intensidad y compatibilidades, que viene a dar “seguridad jurídica” a las personas en situación de dependencia.
El Consejo de Gobierno tomaba ayer conocimiento del borrador del decreto que se someterá a exposición pública durante 20 días y posteriormente se remitirá al Consejo Consultivo para que emita su dictamen, por lo que podría quedar aprobado definitivamente a primeros de diciembre.
Aurelia Sánchez ha señalado que este nuevo decreto viene a dar “seguridad jurídica” a las personas con dependencia para que sientan que son “mejor atendidas, con más respeto, dignidad y garantía de sus derechos”.
La consejera ha resaltado que el decreto viene a sustituir la orden de 29 de julio de 2013 que fue derogada por sentencia del TSJCM de 9 de marzo de 2015 y establece el Catálogo de Servicios y Prestaciones Económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en la comunidad de Castilla-La Mancha, sus intensidades y compatibilidades.
En este sentido, Sánchez ha destacado que este decreto mejora la orden anterior porque hace posible compatibilizar a las personas en situación de dependencia varias prestaciones de manera simultánea, como por ejemplo el acceso a la Ayuda a Domicilio y a un Centro de Día, algo que antes era imposible.
El segundo aspecto que mejora es la intensidad de las prestaciones, que permitirá, por ejemplo, que una persona con Grado I de dependencia reconocido pueda acceder a una plaza de residente válido o cuente con una ayuda económica para un asistente personal como acompañante, algo que también impedía la anterior norma.
La tramitación de este decreto por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha se produce después de haber derogado la orden de 29 de julio de 2013 y de haber retirado el proyecto del Decreto de Intensidades que había iniciado el anterior gobierno como intento de sustituir a la orden anulada por el TSJCM.
Junto a la mejora del marco jurídico, que se verá complementado en aspectos como el procedimiento y la determinación de las capacidades económicas de las personas con dependencia, unas 80.000 en la región, la Consejería de Bienestar Social tramita en estos momentos la incorporación de personal interino que se incorporará a partir de la próxima semana para reforzar las direcciones provinciales y agilizar la tramitación de los 26.000 expedientes pendientes.
