La consejera de Fomento del Gobierno regional, Elena de la Cruz, ha celebrado hoy una reunión con 40 alcaldes y concejales de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía y con la recientemente creada Plataforma de afectados por el trasvase Tajo-Segura para aclararles la disposición del gobierno regional en relación al tema del agua.
La consejera ha afirmado que el gobierno actual “va a luchar con uñas y dientes” en esta cuestión, no sólo mediante el recurso al trasvase de 20 hectómetros cúbicos aprobado por el Ministerio de Agricultura la semana pasada y en el que ya trabajan los servicios jurídicos de la Agencia regional del Agua, sino mediante la redacción de una Ley regional del Agua que “nos sitúe en una posición de fuerza en la toma de decisiones” similar a la de Aragón, especialmente en materia de trasvases.
Preguntada por los medios de comunicación al respecto del trasvase aprobado el lunes y publicado en el Boletín Oficial del Estado el viernes, De la Cruz ha afirmado que a Castilla-La Mancha se le adeuda por este concepto un montante de 3 millones de euros en el período 2009-2013 y del actual ejercicio 2015. “Se están llevando el agua y ni siquiera se está pagando”. Tampoco, ha dicho en referencia al Gobierno de España, “acometen las obras de recuperación de los márgenes del Tajo, del abastecimiento de Morillejo y de los azudes que tenían comprometidas”.
En su opinión, “la situación hidrológica excepcional” a la que alude la ministra con motivo de la aprobación del último envío de agua al Segura “la tenemos en los pantanos de cabecera”, ya que la cuenca receptora está 150 hectómetros cúbicos por encima de la media de los embalses de toda España. De la Cruz ha hecho referencia a la normativa aprobada en los últimos cuatro años, como el memorándum del Tajo, los planes hidrológicos “que vulneran incluso la normativa europea” o una disposición adicional de la Ley de Montes que abre la puerta a trasvasar en situación de nivel 4 por debajo de 400 hectómetros cúbicos. Toda esa normativa ha servido para que “se abra el grifo al otro lado del trasvase y se produzca una barra libre de agua que no tiene en cuenta el desarrollo legítimo de la cabecera”, ha señalado.
En relación al recurso contra el trasvase, ha afirmado que la intención del gobierno regional es ganar un recurso para sentar un precedente jurídico que otorgue fuerza a Castilla-La Mancha en la futura gestión de los recursos hídricos. “Hoy no formamos parte de los órganos de representación, nos enteramos de un trasvase cuando aparece en el BOE”, ha dicho De la Cruz, que ha recordado que hace dos décadas ya se produjo una sentencia favorable del Tribunal Supremo que sentó jurisprudencia.
La reunión con los alcaldes y concejales ribereños y con la Plataforma ciudadana ha estado presidida por el alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla y la propia consejera y ha contado con la asistencia del director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, y los delegados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara y Cuenca, Alberto Rojo y Angel Tomás Godoy. “Nuestra intención es transmitirles de manera inequívoca el apoyo del presidente Emiliano García-Page y un nuevo compromiso que hasta ahora no había existido en relación con el agua”, ha subrayado Elena de la Cruz.
TRANSPORTES Y PRESUPUESTOS DEL ESTADO
En su comparecencia ante los medios informativos, la consejera ha respondido a otras cuestiones de actualidad como los presupuestos generales del Estado para 2016. Al respecto de las inversiones previstas en la región en el borrador hecho público por el gobierno, Elena de la Cruz ha afirmado que recoge una cantidad “raquítica” y que incluso desciende sobre el ejercicio 2015 si se descuentan las partidas con que está dotado el ATC de Villar de Cañas.
En relación al convenio de transportes y a unas informaciones publicadas en el día de ayer que elevaban a 13 millones de euros la cifra que Castilla-La Mancha adeuda a Madrid en materia del convenio de transportes, Elena de la Cruz ha confirmado que “esa es la cantidad que el anterior gobierno regional de Cospedal dejó sin pagar”, asegurando que “queremos sentarnos con Cristina Cifuentes para regularizar esos pagos que dejaron a deber y para firmar un nuevo convenio” que no se ha firmado los dos últimos años. También para que “cumpla el compromiso electoral que hizo en Villanueva de la Torre de integrar a Castilla-La Mancha en el abono joven”.
