El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido al alcalde de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Diego Ortega, que no continúe con la «privatización» de Aguas de Alcázar después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda haya anulado la adjudicación de la gestión mixta del servicio y que cese a los concejales responsables de la misma: el edil de Ciclo Hidráulico, Ángel Montealegre, y el gerente de la empresa publica, Ángel Puente.
En rueda de prensa, la diputada regional del PSOE y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha solicitado igualmente a Ortega que se siente a dialogar con la oposición.
Así, le ha dicho que «es muy poco responsable» por parte de un alcalde que, ante una sentencia de este tipo, «que le deja como única salida recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha», diga que va a seguir adelante.
La responsable socialista ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la justicia haya impedido «uno de los mayores engaños» que estaba dispuesto a hacer el PP en Alcázar de San Juan por parte de un alcalde «nuevo y meritorio», del que ha afirmado que «está siempre» a las ordenes de la presidenta ‘popular’ en la región y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
Del mismo modo, la diputada regional del PSOE ha señalado que la resolución dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha sido «muy bien recibida» por los ciudadanos de la localidad ciudadrealeña que se han opuesto durante todo este tiempo a la «privatización» de Aguas de Alcázar.
Una privatización, que ha asegurado, se ha basado en varios engaños como el intento de «maquillar» las cuentas de la empresa pública para que se produjesen resultados negativos y convencer a los ciudadanos de privatizar, «regalar» Aguas de Alcázar a las empresa adjudicataria y que ésta no tenía solvencia para afrontar sus funciones ni cualquier eventualidad que pudiera surgir en el futuro. «Esto es en lo que se basa el recurso y que hizo que se anulase», ha recordado.
Es por ello por que ha vuelto a pedir al alcalde que cese en su empeño de «privatizar» la empresa pública, porque si se «obceca» en ello lo hará ya no solo en contra de las 11.000 firmas que se recogieron, los 8.000 ciudadanos que se opusieron con su voto y los votantes del PSOE, sino que lo hará también en contra de la justicia.
