El exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP) ha asegurado, tras declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como imputado en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B de la formación, que no ha «adoptado ningún acuerdo ilegal» ni ha «cobrado una comisión» en su «vida».
Molina, que se ha declarado «muy satisfecho» por haber tenido «la oportunidad de defenderse» de lo que ha calificado como «injurias y calumnias», ha asegurado que ha aportado al magistrado «pruebas» que demuestran su «inocencia absoluta». «El mayor patrimonio que tengo es mi honor personal e iniciaré las acciones necesarias para defenderlo», ha dicho antes de indicar que hasta ahora no había podido hacerlo porque trabaja en la Embajada de España en el Congo.
El exdirigente ‘popular’ ha sido interrogado por una adjudicación en 2007 a la empresa Sufi, filial de Sacyr, de un contrato para la recogida de basuras por un importe de 6,13 millones anuales durante un periodo de diez años. Según Bárcenas, este servicio se entregó a esta compañía a cambio de una donación de 200.000 euros que sirvió para financiar la campaña de la presidenta del PP castellano-manchego, María Dolores de Cospedal.
Molina, que está imputado por los delitos contra la administración pública de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, era alcalde de la ciudad cuando se aprobó una modificación del protocolo entre empresa, Ayuntamiento y trabajadores que derivó en una modificación del contrato firmada por el equipo de Gobierno socialista tras las elecciones de 2007 que, según la Intervención General del Estado (IGAE), supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos establecidos por la ley. Al ser preguntado por este extremo, ha señalado: «Sobre los elementos concretos no voy a hacer alusión».
También comparecerán en la Audiencia Nacional, aunque con la condición de testigos y, por tanto, acompañados de abogado y con la obligación de decir la verdad, el actual alcalde de Toledo y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; el diputado nacional Sebastián González (PP) y el entonces viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Javier Sánchez Rubio.
Todos ellos, según consta en un auto dictado por Ruz, participaron en la concesión del contrato en alguna de sus fases, según la reconstrucción de los hechos efectuada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que ha analizado la adjudicación partiendo de las entregas de dinero en efectivo por un total de 200.000 euros que Bárcenas realizó al entonces gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas.
Molina participó, en concreto, en la Junta de Gobierno en la que se ratificó el contrato, mientras que Sebastián González fue identificado por Bárcenas como la persona que presuntamente habría trasladado el supuesto interés por parte de María Dolores de Cospedal de plantear «un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo».
Ruz advertía, además, en su resolución de que realizará todas las diligencias de instrucción necesarias para «completar la investigación de los hechos» antes de decidir si se inhibe de este asunto al tribunal que resulte competente por la existencia de indicios delictivos contra aforados.
El magistrado también tomará declaración como testigos el martes a cinco trabajadores de la empresa adjudicataria del contrato: Pedro Sigüenza Hernández, María de la O Terciado, Pedro Caballero, Manuel Fueris y Juan Carlos Uzán.
