El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar para el próximo lunes como imputado al exdirector general de Caja Castilla La Mancha (CCM) Ildefonso Ortega a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la entidad.
El magistrado ya tomó declaración a Ortega en febrero de 2011. Está acusado junto con el expresidente de la caja y exdiputado socialista, Juan Pedro Hernández Moltó, de presuntos delitos de administración desleal, negativa o impedimento a los socios del ejercicio de sus derechos, falsedad contable y falsedad en documento mercantil.
Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España tras la intervención de la entidad que tuvo lugar el 29 de marzo de 2009 y al advertir las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.
Ruz amplió posteriormente la investigación e imputó la comisión de un delito de administración desleal a siete miembros de la Comisión Ejecutiva en el periodo comprendido entre el mes de julio de 2007 y marzo de 2009, al considerar que la aprobación por parte de este órgano directivo de «operaciones singulares» contribuyó a causar a la entidad un agujero de 267 millones de euros.
En la causa se investigan una veintena de préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares llevadas a cabo por la caja. En un auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 el pasado mes de enero, el juez solicitaba información sobre los créditos que la entidad concedió en 2007 y 2008 a las sociedades Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Naropa-Fermoselle (Kopan Cartera), T-Solar Global y Renovalia, así como a las empresas del Grupo Lábaro Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.
Todas ellas, según un informe elaborado por peritos del Banco de España, podrían ser «contrarias a la normativa bancaria y mercantil», por lo que su aprobación podría haber causado un «perjuicio» a la entidad financiera.
Ruz comenzó a investigar los hechos tras admitir a trámite una querella presentada por el exfiscal Ignacio Gordillo en representación del PP en el año 2010. Indicó entonces que el rescate de la Caja evidenció «de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil», así como la existencia de suficientes indicios de un presunto delito defraudatorio contra una «generalidad de personas» afectadas por el «perjuicio patrimonial», como son «los depositantes y los acreedores» de la caja de ahorros.
El Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2009 en una reunión de urgencia la intervención de la caja manchega, que fue la primera en ser nacionalizada con un rescate de 9.000 millones de euros. Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España por las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.
