La Diputación de Ciudad Real destina otros 4 millones de euros a crear empleo en los pueblos de la provincia a través de los ayuntamientos. Así lo decretó ayer su presidente, Nemesio de Lara, quien ha destacado hoy en una comparecencia ante los medios de comunicación que se pretende dar trabajo a otros 1.350 parados. Ha añadido, además, que ningún pueblo queda excluido y que los criterios que se aplican para las preasignaciones económicas son absolutamente objetivos.
De Lara ha querido poner de manifiesto la inequívoca implicación de la institución provincial en la creación de empleo en el territorio ciudadrealeño diciendo que en los últimos quince meses se han invertido 19 millones de euros en paliar el paro en la provincia, lo que ha posibilitado la contratación de 7.500 desempleados. Y ha asegurado que desde 2008 han invertido 44 millones de euros en planes de esta naturaleza.
Desde marzo de 2012 a junio de 2013, según los datos facilitados por De Lara, la Diputación de Ciudad Real ha destinado 1.267.000 euros cada mes a la creación de empleo mediante dinero finalista entregado a los ayuntamientos. «Sin embargo, desde enero de 2012 hasta hoy la Junta de Comunidades ha dedicado cero euros a planes municipales de empleo», ha asegurado.
Ha resaltado De Lara que los datos poblacionales facilitados por el Instituto Nacional de Estadística y el número de parados a 30 de abril se conviertan en los únicos parámetros en base a los que se asigna la ayuda económica, por lo que no pueden ser más objetivos. Además, cuando los ayuntamientos inician la tramitación de la solicitud reciben el 80 por ciento de la subvención y el porcentaje restante cuando proceden a la entrega la justificación final.
Dentro de las facilidades también ha mencionado De Lara el hecho de que se admitirán proyectos hasta el 30 de agosto que incluyan contratos realizados con carácter retroactivo al 1 de enero de 2013 y también se podrán justificar hasta el 31 de mayo de 2014.
La flexibilidad de los ayuntamientos para operar es total en cuanto a la jornada, aunque se establecen algunos requisitos como que el máximo es de seis meses por contrato a jornada completa en 35 horas semanales. En ese caso la retribución bruta es de 765 euros al mes. Si se trata de un contrato parcial, el salario ascenderá al equivalente.
El presidente de la Diputación ha explicado que las bases establecen prioridad de manera categórica a que los beneficiarios integren unidades familiares cuyos miembros estén todos en paro y no reciban ninguna prestación. Ha afirmado, a este respecto, que la Diputación ejercerá una labor fiscalizadora.
Ha hecho referencia, asimismo, a que se prima a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que son el 19’1 por ciento de la población y reúnen el 20’4 por ciento del total de paro provincial.
Otra cuestión que ha querido remarcar De Lara es que el 85 por ciento del dinero asignado se dedicará «obligatoriamente» a contratación de parados y han autorizado un máximo del 10 por ciento para gastos de formación. Además, si se quieren hacer obras municipales para emplear a los parados se puede dedicar un máximo del 15 por ciento a la compra de materiales. En cualquier caso, a juicio de De Lara, los alcaldes dispondrán de libertad absoluta para decidir la combinación de los porcentajes.
Ha recordado, por otro lado, que se han reservado 227.000 euros para que los ayuntamientos puedan contratar a personas con discapacidad «sin perjudicar las asignaciones previas otorgadas a cada ayuntamiento».
Tras calificar el plan de «redondo e importante en una coyuntura tan negativa para la provincia en materia de desempleo», De Lara ha puesto especial énfasis en el respeto a la autonomía municipal, que es «absoluto, definitivo y mayúsculo», tanto en materia de selección trabajadores, como en lo que concierne a la retroactividad de los proyectos, el tipo de formación que se incluye en las memorias o los gastos en materiales.
Ante la exigencia de la puesta en marcha del Plan de Empleo por parte de la oposición, De Lara ha lamentado que no obren de la misma manera con respecto a otras Administraciones, como la Junta de Comunidades. Ha justificado el retraso en base a varias razones, entre ellas que había ayuntamientos que no han justificado Planes de Empleo anteriores, por lo que «parecía poco correcto, por sentido común, sacar otro». También ha recordado que permanecían a la espera de saber si el Estado autoriza emplear los remanentes del ejercicio anterior en empleo, por ejemplo, en lugar de pagar a los bancos, sobre todo si se tiene en cuenta que la Diputación de Ciudad es la más saneada de España. Ha comentado que ha recibido una carta en la que se le comunica que se está trabajando al objeto de concretar el destino del superávit presupuestario.
«Mi apuesta –ha concluido De Lara- es que se tengamos la libertad de aplicar el ahorro real, que asciende a 14’1 millones de euros, y ya adelanto que, si es así, serán incrementadas muchas partidas, pero esencialmente las destinadas a emergencia social, para paliar el hambre, y a planes de empleo, para combatir el paro».
