El exdirector general de Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Roberto Parra, y el exsecretario general de la Consejería de Educación, Tomás Hervás, han sido llamados a declarar el próximo 12 de junio, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Toledo, dentro de la práctica de nuevas diligencias derivadas de la querella interpuesta por la Junta contra ambos exaltos cargos, por un posible delito de prevaricación, por el pago de obras en instalaciones deportivas que nunca fueron realizadas.
En concreto, el exdirector general de Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha Roberto Parra certificó un pago de 53.289 euros a la empresa Construcciones Tecdeco por una reforma llevada a cabo en el pabellón polideportivo de Alovera (Guadalajara), actuación por la que el Gobierno regional amplió su querella contra el exalto cargo al tratarse de unas obras que supuestamente nunca se llevaron a cabo.
Según refleja un documento firmado por el propio Roberto Parra, al que ha tenido acceso Europa Press, el exdirector general certificó su conformidad «con el trabajo efectuado» en la reforma de esta instalación deportiva –trabajo que según la Junta nunca llegó a realizarse–, por lo cual rubricó «el abono de la factura» por un importe de 53.289 euros con fecha 15 de enero de 2009.
Estas obras fueron objeto de una primera ampliación de querella por parte del Gobierno regional contra Roberto Parra y contra el exsecretario general de Educación, Tomás Hervás, el pasado mes de noviembre. La querella inicial se presentó en mayo de 2012 por pagar presuntamente unas obras que «nunca» se llegaron a realizar en el graderío y el vestuario de un polideportivo de Ciudad Real.
La Junta, según fuentes cercanas al caso, ha aportado esta documentación por posible delito de prevaricación al considerar que dicha certificación es una resolución inusual en los expedientes de contratación de obras de la Administración autonómica, donde la certificación de la realización de las obras de construcción corresponde a los técnicos y no a los directores generales.
El Ejecutivo considera además que el procedimiento habitual para certificar pagos consiste en una cuadrícula donde se describe la obra, las fechas, hay sello del técnico que certifica y sello de la Secretaría General, procedimientos que no se han llevado a cabo en esta ocasión.
En enero de este año, el Gobierno de Castilla-La Mancha amplió por segunda vez la querella, ampliación que afectaba además al representante de la empresa Construcciones Tecdeco SLU –que formaba parte de una UTE a la que se adjudicaron y pagaron obras en Ciudad Real y Alovera–, Juan José Sánchez Manjavacas. La querella se amplió por tercera vez el pasado 4 de abril y dicha ampliación fue admitida el día 22 del mismo mes.
