La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha comenzado su intervención de balance de los años transcurridos desde que tomó posesión de la Presidencia de Castilla-La Mancha teniendo muy presentes los 19.201 desempleados menos que tiene nuestra región respecto al comienzo de este mismo año, así como todos los que aún se encuentran en una situación de desempleo.
Según Cospedal, un hecho de estas características es “la mejor noticia”, porque “el esfuerzo, el tesón y el sacrificio de todos los castellano-manchegos durante los dos últimos años comienza a dar sus primeros frutos”.
“Nos sabemos más cerca de la prosperidad”, ha manifestado Cospedal, relatando además otros datos positivos que arrojan otros indicadores macroeconómicos, como las exportaciones, la producción industrial, el registro de sociedades mercantiles o la confianza empresarial.
De esta forma, poniendo su acento en el empleo en este balance de dos años de Gobierno regional, la presidenta ha afirmado que “empleo es sinónimo de libertad”, y además, “contribuye decididamente a afianzar el bienestar de toda la sociedad”.
Por eso, ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se plantea como obligaciones inexcusables: “impedir que el talento se malgaste por falta de oportunidades laborales, y cerrar la brecha social que origina el desempleo”.
Cospedal ha puesto de relieve que desde principios de año la afiliación a la Seguridad Social también ha subido en la región en 9.304 personas y en 1.559 el número de autónomos, datos que ponen de manifiesto cómo se percibe la colaboración y el trabajo conjunto de Gobierno y empresarios, así como la toma de decisiones, “que han contribuido a cimentar la recuperación”, ha precisado.
Afianzar las reformas estructurales; dos años para la recuperación y crecimiento
La presidenta se ha referido a “dos años en los que se han hecho muchas cosas; pero quedan otros dos por delante para la recuperación, fomentar el crecimiento y en los que veremos cómo crece nuestra economía y cómo se recupera el empleo”. En este sentido, ha destacado la necesidad de afianzar las políticas que hemos emprendido en la región; “los cambios serán estructurales, pero las mejoras serán permanentes”, ha apuntado.
Durante este tiempo –ha precisado Cospedal- el Gobierno regional ha destinado 352 millones de euros a políticas activas de empleo, entre las que se incluyen distintas bonificaciones fiscales y ayudas a los empresarios para facilitar la contratación, con especial atención a la contratación de los más jóvenes, incentivos al autoempleo y fondos que promueven una formación adaptada a las necesidades de emprendedores y empleadores.
Los objetivos de este Ejecutivo, tal y como ha recalcado la presidenta, son los de sortear la crisis, acabar de una vez por todas con la recesión y el paro, pero, sobre todo, “devolver a Castilla-La Mancha la esperanza de un porvenir que no la mantuviese alejada, por más tiempo, de Europa y del mundo”.
Para lograr estas metas, el Ejecutivo de Cospedal se planteó como urgencia la necesaria transformación de Castilla-La Mancha, ya que la ruina de las finanzas públicas exigía una actuación rápida y diligente, porque la región, hace dos años tenía “los servicios sociales, prácticamente en quiebra, y el mercado de trabajo, en parada técnica”.
Esta reforma, según Cospedal, conllevaba no poner en riesgo el Estado del Bienestar y el impulso del emprendimiento, “como una apuesta de legislatura”, así como el campo también ha ocupado “un lugar privilegiado en nuestro ideario reformista”, ha destacado la presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que “los problemas de nuestros agricultores y ganaderos han pasado a un primer plano, y las actividades económicas ligadas al sector primario y a la industria agroalimentaria son hoy una prioridad”.
Internacionalización y exportaciones
A este respecto, ha asegurado que las exportaciones agrarias en 2012 se incrementaron un 13% en relación con el año anterior, y un 44% respecto a 2010. En términos generales, las exportaciones alcanzaron en 2012 los 4.356 millones de euros, un 9,2% más que en 2011, el mejor dato de nuestra historia y, en el primer cuatrimestre de este año, alcanzaron los 1.465 millones de euros, lo que supone un 14,18% más que en el mismo periodo del año anterior.
Asimismo, pese “a las dificultades financieras que atravesamos”, ha valorado el esfuerzo presupuestario destinado a la construcción de “obras necesarias y con alta rentabilidad social”, como las relacionadas con el mantenimiento y mejora de nuestras carreteras y la modernización de las infraestructuras hidráulicas, lo que ha supuesto un montante durante estos dos años de 318,5 millones de euros.
Sin embargo, todos estos logros no habrían sido posibles sin haber acometido una racionalización del sector público, salvaguardando la educación, la sanidad y los servicios sociales básicos. En este sentido, ha reiterado la apuesta por eliminar duplicidades y recortar gastos superfluos, lo que permitió un ahorro de 65 millones de euros, dotando, además a la Administración regional, de transparencia y calidad.
En 2011, encontramos una región insolvente y en riesgo de colapso
Asimismo, Cospedal ha recordado que Castilla-La Mancha no tenía otra salida, porque cuando el Partido Popular ganó las elecciones de 2011, “nos encontramos una administración regional con una práctica insolvencia de las cuentas públicas y riesgo real de colapso de los servicios sociales”.
Por ello, hubo que aprobar y poner en marcha un Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, con el objetivo de evitar su quiebra y garantizar su sostenibilidad futura, sin merma de su calidad, que junto al Plan Económico-Financiero y otras medidas de gran calado, han contribuido a la transformación de las finanzas, y a reducir el déficit en más de 6 puntos.
Según la presidenta de Castilla-La Mancha, “este cambio radical en la manera de gestionar los recursos públicos es la que nos ha permitido devolver la credibilidad y la confianza a nuestra región”.
Además, ha hecho hincapié en que las reformas estructurales llevadas a cabo durante estos dos años han demostrado ser plenamente compatibles con el mantenimiento de unos servicios sociales universales, gratuitos y de la máxima calidad, “que jamás volveremos a permitir que se pongan en riesgo”.
