La Junta de Jueces del Partido Judicial de Tomelloso, presidida por Juan Miguel Paños, anunció ayer que adoptarán “medidas de presión concretas, sin descartar paros parciales y huelga” si no se paraliza la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, explicaron, conlleva una merma de derechos, sobrecarga laboral y un incremento del control político sobre sus órganos de gobierno.
Así se desprende del acta firmada por los jueces del partido de Tomelloso, en la que mostraron su rechazo a la reforma de ley porque “supone una injustificada merma de derechos” y no sólo en lo que se refiere a las retribuciones, “sino, en particular, a la radical disminución de los días de asuntos propios, ya que es el instrumento imprescindible para la conciliación de la vida personal y profesional al tratarse de un cuerpo que realiza guardias semanales -en este partido judicial cada tres semanas- sin derecho a descanso posterior y comprendiendo toda clase de festivos”.
Tras rechazar, asimismo, la pérdida salarial en caso de enfermedad “porque los supuestos de baja en nuestra carrera son prácticamente inexistentes sino que, por el contrario, la justicia en España se sostiene por el sacrificio de jueces y magistrados que trabajan más allá de lo exigible”, mostraron su “oposición frontal” al apartado de la reforma que conlleva, explicaron, un mayor control político de sus órganos de gobierno, por lo que reclamaron “expresamente” que el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por votación de todos los miembros de la carrera.
Además, la Junta de Jueces reivindicó la creación de un cuarto juzgado en una sede judicial única, “porque la separación de sedes judiciales perjudica el trabajo diario”, que contribuya a paliar la “precaria” situación de los juzgados mixtos, “carentes de todo tipo de medios personales y materiales y acuciados todavía más por los últimos recortes presupuestarios, que llevan la situación a límites insostenibles”.
Explicaron que el partido judicial de Tomelloso se ve especialmente afectado “por la gran carga de asuntos, que sobrepasa en mucho los módulos de trabajo para una justicia adecuada”.
