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martes, 16 abril

El CLIPE informa a los empresarios de Tomelloso de las novedades en materia de prevención de riesgos laborales

CLIPE

El CLIPE de Tomelloso ha informado a los empresarios de la ciudad de las novedades planteadas en materia de prevención de riesgos laborales. La recién publicada Ley de apoyo al Emprendedor ha incorporado cambios en este asunto que afectan a las pequeñas y medianas empresas. Estas novedades, recogidas en su Artículo 39, tienen como objeto simplificar los trámites administrativos que se exigen a las pymes.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determinaba que, en las empresas de hasta 10 trabajadores, el empresario podía asumir personalmente las labores de prevención, tales como el diseño y la implantación del plan de prevención. Para éstos se exigía  el desarrollo habitual de su actividad en el centro de trabajo y estar en disposición de la capacidad necesaria, en función de los riesgos  a que están expuestos sus trabajadores y la peligrosidad de la actividad desarrollada. Y a partir de la publicación de la Ley de apoyo al emprendedor, se reconoce esta posibilidad a las empresas que tengan hasta 25 trabajadores en plantilla, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo.

Como se sabe, todas las empresas que cuentan con personal asalariado deben tener un Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Esta tarea normalmente se encomienda a empresas externas especializadas en la materia. Y como esta circunstancia supone un coste añadido a la hora de crear una empresa, la norma ofrecía la posibilidad a las empresas de menos de 10 trabajadores, dependiendo de su actividad, la posibilidad de que fuera el propio empresario que estuviera capacitado, de diseñar  su propio plan de prevención. Ahora, esta misma posibilidad se reconoce al empresario que ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando disponga de un único centro de trabajo.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, prestarán un asesoramiento técnico específico en materia de seguridad y salud en el trabajo a las empresas de hasta 25 trabajadores. Para ello se pretende diseñar un sistema que facilite al empresario la organización y diseño del plan de manera simplificada.

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