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Durante el ejercicio de 2020, la tendencia descendiente que venía registrando cada año el volumen de peticiones con cargo al Plan de Emergencia Social de la Diputación de Ciudad Real, no sólo se ha detenido por completo, sino que la gráfica ha registrado un diente de sierra que asciende y que coincide, de manera nítida y fehaciente, con el inicio del confinamiento y la incidencia de la COVID-19 en la provincia.

Las 5.659 intervenciones con 5.177 familias ciudadrealeñas en la práctica totalidad de nuestro territorio hasta el pasado miércoles 11 de noviembre así lo ponen de manifiesto, lo que supone un aumento del 48’19 por ciento con respecto al ejercicio anterior, a falta mes y medio para que termine el año, ya que en 2019 solicitaron ayuda 3.010 familias, 2.167 menos que desde enero a noviembre de 2020.



Esta lamentable circunstancia ha provocado que, por primera vez en la historia de la institución, se haya ampliado dos veces el Plan de Emergencia Social dentro del mismo ejercicio. La Administración que preside José Manuel Caballero se vio obligada a aumentar la dotación económica de esta iniciativa, presupuestada con 1’2 millones de euros y puesta en marcha a principios de enero, en pleno pico de la pandemia, a los quince días del comienzo del confinamiento. El presidente de la Institución provincial no descarta que haya que realizar una tercera ampliación de crédito antes del final del año para garantizar la atención a todos los ciudadanos y ciudadanas que lo necesiten.

Ya principios de septiembre se habilitó una nueva partida económica con otros 250.000 euros, con el objetivo de atender los numerosos casos de familias que precisan la ayuda continuada o puntual para poder cubrir sus necesidades básicas. Hasta el jueves 11 de noviembre los servicios sociales de la Diputación han emitido “cheques” para la compra de alimentos y artículos esenciales para vivir con dignidad por valor de 1.438.611’71 euros, una cifra sensiblemente superior si se compara con la que deparó la gestión del Plan de Emergencia en 2019, que se situó en 1.027.156 euros durante todo el año.



Es palmario que a lo largo de los últimos nueve meses el aumento de las solicitudes ha sido considerable. No en vano, en determinadas fases del confinamiento ha desbordado la capacidad de los servicios sociales de no pocos ayuntamientos de la provincia. Los técnicos reconocen que la singularidad de la crisis, que obligaba a permanecer a los vecinos y vecinas en sus casas, ha constituido un impedimento en algunos momentos a la hora de atender situaciones de necesidad. No obstante, a pesar del temor al contagio y de las circunstancias excepcionales e inéditas vividas, se tramitó entonces, y se tramitan también ahora, las ayudas en estrecha colaboración con los servicios sociales de la Diputación.

El incremento del Plan de Emergencia Social, junto a la colaboración de la Diputación en la desinfección de los pueblos y ciudades, fueron las primeras decisiones que adoptó Caballero dentro de un paquete de medidas, por valor de 32 millones de euros, a principios de primavera, cuando el virus desató en el territorio ciudadrealeño una crisis sanitaria sin precedentes. Con esta primera actuación comenzó a gestarse el vigente Plan Ciudad Real Activa, para la recuperación socioeconómica de la provincia, en el que se presta especial atención a los colectivos más vulnerables, a la lucha contra el paro y al apoyo a autónomos y PYMES. Entonces ya anunció Caballero que reforzaría las veces que fuera necesario hasta final de año la partida destinada al Plan de Emergencia Social.

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Se trataba y se trata, tal y como ha remarcado Caballero en varias ocasiones, de incentivar el consumo, el comercio y la creación de empleo. Y también de que las personas que necesitan ayuda puedan realizar sus compras y elegir lo que necesitan en sus establecimientos de costumbre. Una estrategia integral en la que ocupa un lugar destacado el apoyo directo para ayudar a los colectivos más vulnerables, manteniendo siempre como principal característica del programa, “el derecho de los usuarios de mismo a mantener la dignidad aun en las peores circunstancias de necesidad”.

No en vano, son numerosos los proveedores locales, tiendas de barrio, supermercados, etc., hasta 213 en lo que va de 2020, que son establecimientos colaboradores del programa de emergencia social de la Diputación de Ciudad Real. Los “cheques” expedidos por la Diputación se entregan por los servicios sociales de los municipios a los usuarios y estos a su vez los utilizan para adquirir alimentos y productos de primera necesidad, por su parte los dueños de los establecimientos comerciales, los remiten a la institución provincial para la correcta fiscalización de los recursos. Desde el 1 de enero hasta el 11 de noviembre los establecimientos comerciales colaboradores ya han cobrado 1.438.611 euros, con los que también este programa contribuye a dinamizar las economías de nuestros pueblos.


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En el engranaje que se ha articulado desde la institución provincial para que las ayudas lleguen a las familias que más lo necesitan juegan un papel imprescindible y primordial los ayuntamientos y sus servicios sociales. Son los técnicos los que detectan los casos, los que reciben a los usuarios, los que abren el flujo con los proveedores y los que radiografían y valoran cada caso. Ese trabajo de campo que no trasciende es fundamental para Petra Bonales, Vicepresidenta del Área de Atención a las Personas en la Diputación de Ciudad Real, porque garantiza la correcta gestión de los recursos. «Nosotros hacemos lo fácil, aportar el dinero, lo difícil es detectar las necesidades y tramitar las ayudas, hay mucho trabajo detrás, pero también es cierto que sin recursos no se podría intervenir», ha reiterado.

Los técnicos de servicios sociales de la provincia atienden situaciones de necesidad de diversa naturaleza. Tienen que ver con familias que están incluidas en el programa de intervención, con otros núcleos normalizados en situación de necesidad ocasionada por el desempleo prolongado, con solicitantes habituales de ayudas económicas y con familias, también normalizadas, que necesitan un apoyo económico puntual. Las estadísticas que barajan los servicios sociales de la institución provincial revelan un crecimiento general, aunque es más acusado en el apartado que aglutina a quienes hasta la crisis del coronavirus no precisaban solicitar ayudas de emergencia para cubrir sus necesidades básicas. Son 2.167 familias más con respecto a 2019 a falta de mes y medio para que concluya 2020.

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