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En los cinco días en los que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva explicando el encuentro clandestino del ministro Ábalos con la número dos de Nicolás Maduro, -vetada por la Unión Europea y que, por tanto, nunca debió hacer escala en suelo español-, alguien en Castilla-La Mancha ha tenido la clarividencia de apoyar tan inopinada entrevista, negada durante los dos primeros días por fuentes del propio Ejecutivo español. Así, el polémico ministro de Transportes ya tiene quien le escriba: Emiliano García-Page.

El hecho de que primero no existiera tal reunión; luego que Ábalos se encontrara de forma casual con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez; y que posteriormente, el ministro reconociera que hubo un encuentro que duró en torno a 25 minutos, aconsejaba mantener cierta distancia con un hecho oscuro, que ha dado ya para diferentes versiones oficiosas y oficiales, y sobre la que los partidos de la oposición vienen reclamando una comisión de investigación.


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Pero hay alguien que ha dado luz al caso Ábalos; y ha sido García-Page quien ha decidido acudir en auxilio del vencedor, no se sabe bien si de motu propio, o debidamente aconsejado por las propias correas transmisoras del Ejecutivo de coalición en Castilla-La Mancha.

Esta costumbre de dar una de cal y otra de arena por parte del presidente de Castilla-La Mancha no es nueva; de sobra conocida es su postulación mediática como pretendido hombre de Estado, que no se corresponde luego con su actitud camaleónica y aclimatada a las circunstancias cuando la disciplina de partido obliga.


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De la docilidad de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha para apoyar un Gobierno que empatiza con el régimen de Maduro, y que necesita de las concesiones a Podemos y al separatismo catalán para echar a rodar, -de victoria en victoria hasta la derrota final-, no se escapa, por tanto, el secretario general del PSOE-CLM y presidente de nuestra comunidad autónoma, Emiliano García-Page. Su táctica de engañar a todos y durante todo el tiempo, no podrá así sostenerse a lo largo de la legislatura, ni tan siquiera en su propio partido.

La Constitución Española del 78 y la solidaridad interterritorial, eje vertebrador de la España autonómica, no puede estar al albur de un presidente del Gobierno que en 24 horas pasa de recuperar para el Código Penal el delito de convocatoria de referéndums ilegales a pactar precisamente con quienes lo proponen como condición sine qua non. Pero la Constitución Española del 78 y esa reivindicada solidaridad interterritorial necesita de alguien que la defienda de verdad, y no sólo en titulares nacionales de prensa, y ese papel institucional es el que debería corresponder, en primer lugar, al presidente de una comunidad como la nuestra.

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España, la Unión Europea y la Constitución del 78 necesita de unos representantes institucionales firmes en la defensa de los valores de la libertad y del estado de Derecho. La norma de la UE contradice al Gobierno socialista de Sánchez y al propio Emiliano García-Page: España debió impedir la escala de Delcy Rodríguez. Pero hablar de normas y leyes en estos momentos, quizás sea pedir demasiado tanto a Pedro Sánchez como a García-Page.

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