El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a personas trabajadoras autónomas de Castilla-La Mancha para promover el ejercicio seguro de su actividad económica.

Así lo ha dado a conocer la consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, durante la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los acuerdos de esta semana adoptados por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.

Durante su intervención, la portavoz regional ha especificado que este decreto está dirigido a financiar cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales para las personas autónomas de Castilla-La Mancha por un importe total de 100.000 euros, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Blanca Fernández ha explicado que «la seguridad laboral es una de las preocupaciones del Gobierno regional, por lo que este año vamos a destinar en conjunto prácticamente tres millones de euros a la prevención de la siniestralidad laboral en Castilla-La Mancha, lo que supone un incremento de un 23 por ciento del presupuesto total que se destinó a lo largo del 2020».

Entrando en detalle, Blanca Fernández ha explicado que se trata de una convocatoria de ayudas directas, aprobada este martes, y dirigida a personas que trabajan por cuenta propia, estén dadas de alta en el régimen de autónomos o sean mutualistas de colegios profesionales, cuya formación se quiere impulsar para prevenir la siniestralidad laboral o las enfermedades laborales.

La cuantía de ayuda por persona es de 200 euros para financiar la asistencia a cursos de formación en esta materia, dentro del catálogo de las especialidades formativas en el marco del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en materia laboral. Se podrán incluir las acciones que se hayan podido realizar desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de este mismo año.

Blanca Fernández ha subrayado la importancia que otorga el Gobierno regional a esta convocatoria ya que, de las 130.000 empresas que aproximadamente hay en Castilla-La Mancha, más de la mitad son personas autónomas.

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