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La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Blanca Fernández, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que declara la nulidad de la supresión de la escuela rural de Puente Vadillos por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes evidencia que la decisión de cerrar las escuelas rurales «no se hizo de acuerdo a criterios educativos, sino partidistas».


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Según ha manifestado la portavoz socialista este «nuevo varapalo judicial» al Gobierno en materia educativa da la razón al Ayuntamiento conquense de Puente de Vadillos «al declarar nula y arbitraria» la decisión del Ejecutivo castellano-manchego de cerrar su escuela rural pese a contar con 12 alumnos matriculados, según ha informado el PSOE en nota de presna.

«Esa escuela rural fue una de las 68» que el Gobierno regional ha cerrado a lo largo de la legislatura «en contra del criterio de la comunidad educativa, de los padres y madres y de los propios consistorios», ha apuntado Fernández, quien «ha equiparado esta maniobra con la que en su día intentó también llevar a cabo el Gobierno regional con el cierre de las urgencias nocturnas, aunque en este caso siguen abiertas por decisión de los tribunales a instancias de los alcaldes socialistas y el apoyo de sus vecinos».



Dicho esto, ha recalcado que «se da la paradoja de que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ordenó el cierre de la escuela rural de Puente de Vadillos pese a contar con 12 alumnos mientras dejó abiertas otras con la mitad de escolares, una decisión improcedente» en la que, además, Fernández denuncia «un claro sectarismo político», al explicar que «la diferencia a la hora de decidir la clausura o no de determinadas escuelas rurales se tomó en base a si en el municipio gobernaba el Partido Popular o el PSOE».

En su día, ha dicho, el Partido Socialista denunció y se opuso al cierre de esas 68 escuelas rurales, «con independencia de quién gobernara en cada municipio», y ahora, «tras el varapalo judicial a Cospedal», Fernández entiende que «habrá que determinar qué daños y perjuicios ha ocasionado esa decisión para reclamar lo que proceda».

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