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El diputado nacional José Alberto Martín-Toledano ha explicado el proyecto de ley de la Ley de Transparencia que ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados con el voto en contra del PSOE y ha asegurado que “rechazar la Ley es alinearse con la opacidad”.



En este sentido, ha lamentado la actitud de la izquierda desde Izquierda Plural, pasando por el PSOE y UPyD y ha indicado que se trata de “una Ley muy importante y vital para intentar recuperar la confianza de los ciudadanos, luchar contra la corrupción y aumentar transparencia en el buen gobierno”.

Dicha Ley tiene un triple alcance: incrementa la transparencia en la actividad institucional a través de obligaciones de publicidad activa para todas las administraciones y entidades públicas, partidos políticos, sindicatos, la Corona y asociaciones que reciban subvenciones importantes; reconoce y garantiza el acceso a la información y fija las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.

España, según ha explicado el diputado, es uno de los pocos países que no contaba con una Ley de estas características “a pesar de que el PSOE ha gobernado durante 21 años” y que este proyecto pionero cuenta con el respaldo de Transparencia Internacional, una ONG que se dedica a medir el grado de transparencia de todos los países, que ha asegurado que se trata de una buena ley.

Según ha indicado Martín-Toledano, al texto se han incorporado más de 90 enmiendas de la oposición, muchas de ellas de los socialistas, entre las que destacan las que afectan al ámbito de aplicación de la ley y al régimen de sanciones.

En otro orden de asuntos, el diputado nacional, que ha sido elegido por el Grupo Popular como ponente del proyecto de Ley de la Reforma de la Administración Local, ha avanzado que podrá entrar en vigor en 2014 y que en estos momentos está abierto el plazo para la presentación de alegaciones.

Al hilo de esta cuestión, Martín-Toledano ha explicado que se han introducido recientemente dos reformas, una de ellas en relación a la eliminación de la obligación de los municipios de menos de 20.000 habitantes de cumplir con el coste estándar de los servicios públicos y a las supresión de la cesión obligatoria de los servicios de estos municipios a las diputaciones en el caso de no cumplir con dicho coste estándar. Estas y otras modificaciones se han realizado con la intención de que alcanzar el máximo consenso con todas las formaciones políticas y entidades locales afectadas. Por ello, el diputado ha asegurado que no entiende por qué el PSOE ha decidido “autoexcluirse” desde el primer momento y ha rechazado los numerosos borradores que se han redactado hasta la fecha.



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