El Gobierno de Castilla-LA Mancha ha paralizado 11 lanzamientos de desahucio, ha tramitado 14 daciones en pago y se han firmado otras dos, además de 12 reestructuraciones de deuda y cinco alquileres sociales a lo largo del año 2016 gracias a la Oficina de Intermediación Hipotecaria de Ciudad Real (OIH).



Un balance realizado por el director provincial de Fomento, Casto Sánchez, en la Comisión Provincial para el Seguimiento del Convenio, reunión a la que han asistido también la directora provincial de Bienestar Social, Prado Zúñiga, representantes del Colegio de Abogados de Ciudad Real, el equipo de Trabajo de la Oficina de Intermediación en esta provincia y el decano del Ilustre Colegio Regional de Notarios de Castilla-La Mancha, Luis Fernández-Bravo Francés, así como representantes de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Ciudad Real y Campo de Criptana.

A lo largo de ese tiempo cabe destacar también que la OIH de Ciudad Real ha atendido 180 consultas y que tiene pendientes de firmar tres daciones en pago más, y que desde su puesta en marcha se han adherido al Programa 34 ayuntamientos de la provincia, a los que se han sumado recientemente otros cinco.



Tal y como ha detallado Casto Sánchez en la relación por municipios, la capital ciudadrealeña registra el mayor número de actuaciones, con 18, seguida de Alcázar de San Juan con siete, y Miguelturra, Almadén, Socuéllamos y Villarrubia de los Ojos con cuatro cada uno.

En el marco de la política regional de vivienda, el director provincial de Fomento ha informado que en 2016 se han firmado cinco nuevos instrumentos de colaboración con entidades e instituciones de la región que dan cuenta de la relevancia que el Gobierno que preside Emiliano García-Page otorga a esta materia y que está consiguiendo la implicación de la mayoría de los agentes sociales e institucionales involucrados.



Cabe recordar que el Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha en octubre de 2015 el Programa de Asesoramiento, Asistencia e Intermediación Hipotecaria mediante la firma de un convenio de colaboración suscrito entre la Administración regional y los Colegios Oficiales de Abogados y de Trabajo Social de cada una de las provincias, al que se han sumado en 2016 numerosos consistorios e instituciones, todo ello después de que la Consejería de Fomento ampliara el convenio original con una adenda por la que se amplía el Programa de Intermediación a situaciones de impago del alquiler que pueda situar a los afectados en riesgo de exclusión residencial.

En concreto, el programa se amplió el pasado año mediante diversos acuerdos con nuevas entidades y organizaciones, como el suscrito entre la Consejería de Fomento y la Consejería de Sanidad para incorporar los recursos de la administración en la defensa de los consumidores. El Gobierno regional firmó también convenios con Bankia para la aportación de una bolsa de viviendas propiedad de la entidad bancaria, con el Colegio Regional de Notarios y el Decanato de Registradores de la Propiedad de Castilla-La Mancha y con el Consejo General del Poder Judicial para la detección de supuestos casos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecarias.

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