La acusación particular ha elevado su petición de pena al exsacedote acusado de abusar sexualmente de nueve niños en el Seminario de Ciudad Real entre los años 2013 y 2015, durante la última sesión de un juicio que se ha celebrado a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Ciudad Real y que ha quedado visto para sentencia este miércoles.

El letrado de esta parte y que representa a tres de los nueve menores implicados en los hechos, Rodrigo González, ha explicado a los medios que ha considerado que una de las conductas que a su entender ha quedado probada a lo largo del juicio merece una condena aún mayor por mediar un procedimiento intimidatorio respecto al menor. Superando así los 40 años que se pedían inicialmente tanto por esta parte como por la Fiscalía.



Ha insistido que está totalmente convencido de que todos y cada uno de los hechos enunciado por los menores han quedado «sobrada y debidamente probados» y que están sostenidos en la verdad para que el acusado pueda ser condenado.

Por su parte el abogado que defiende al exsacerdote, Francisco Maroto, ha explicado que mantiene su petición de una condena absolutoria ya que considera que su defendido es inocente.



Ha sostenido que ha intentado plantear la cuestión de su defensa en si los hechos se tratan de conductas sexuales o conductas que no está tipificadas en el Código Penal, «basándose en la nimiedad y en la forma de expresión que los propios menores han hecho».

Asimismo, ha querido rebatir el agravante de intimidación introducido en esta última sesión por la acusación particular manifestando que en este sentido no «hay ninguna relación de causalidad».

Cree, por tanto, que la clave está en si cualquier contacto con un menor es un abuso y afirma que se tiene que demostrar la intencionalidad de ese contacto. En este sentido, para el letrado, la declaración de los menores han dejado claro que no existía tal intencionalidad.

El abogado defensor ha incidido en ciertas «incongruencias» en las declaraciones de los menores ya que ha habido hechos que en espacio y tiempo eran «imposibles». Además, cree que en el proceso se ha podido vulnerar el derecho a la defensa como la imprecisión temporal de los hechos y ha calificado de cuestionable la actuación de la Iglesia, que en 2014 consideraron los hechos «una chiquillada».

Por otra parte, ha afirmado que el juicio ha sido justo y espera que la sentencia finalmente sea absolutoria.

Por parte de la Fiscalía han mantenido su petición y ha considerado que los hechos han quedado probados.

EL ACUSADO SE CONSIDERA INOCENTE


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De su parte, el acusado, P.J.A., ha asegurado que han sido «cuatro años muy duros» y se considera inocente «desde el minuto uno», según ha expresado a los medios de comunicación que se encontraban a las puertas de la Audiencia Provincial de Ciudad Real donde se ha celebrado la vista.

«Han sido cuatro años muy duros y de silencio por respeto a las familias, a los menores, al seminario y a la iglesia, a la que quiero», ha admitido, para afirmar que «no ha habido nunca un caso de abusos en Ciudad Real».

Aunque es consciente de la situación de ser sacerdote, estar en un seminario con menores y el ambiente de dudas que hay siempre sobre los abusos en la iglesia, ha apuntado que solo es un formador. «Si me he equivocado algo en el día a día con los menores ha sido por la educación y la pedagogía», ha añadido, admitiendo que su actuación ha podido ser errónea pero no calificable de abusos. «Nunca se me ha pasado por la cabeza algo así».

Considera que su situación actual en la Iglesia responde a que no aceptó retirarse a un monasterio y ha puesto en duda que si llega a aceptarlo se hubiera producido todo este proceso. «¿Sólo denuncia la Iglesia cuando una persona se considera inocente?», se ha cuestionado.

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