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Mesa Función Pública

Un total de 67.000 trabajadores públicos de Castilla-La Mancha se beneficiarán del acuerdo alcanzado este lunes en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos que, entre otros aspectos, recoge la devolución –en 2017 y 2018– del 3% del salario “recortado” por el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal, estimado en 90 millones de euros.


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Así lo ha adelantado en declaraciones a los medios el director general de la Función Pública, José Narváez, que ha indicado que el acuerdo –que ha sido sellado por CCOO, UGT y FSIES (Anpe y Satse), afectará a unos 27.000 docentes, 26.000 trabajadores estatutarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y 18.000 personas, entre laborales y funcionarios.

La cuestión más “controvertida”, según Narváez, del acuerdo ha sido precisamente la devolución de ese 3%, un 1,5% del cual se reintegrará el 1 de enero de 2017 y el 1,5% restante el 1 de enero de 2018. Además, el 1 de enero de 2019 se abonará un 0,5% como una “pequeña compensación” por no poder la Junta aportar nada en 2016.


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Además, se ha abordado la parte de la recuperación de la parte de la paga extra que faltaba por abonar, un 50%, según el director general, que ha comentado que el 25% de la misma se pagará “un mes después de que se aprueben los presupuestos”, posiblemente “en abril”, y el otro 25% en octubre de 2016, “si la situación económica lo permite, o en todo caso el 1 de enero de 2017”.

El acuerdo recoge la recuperación de los días adicionales por permisos particulares o adicionales por vacaciones, unos “derechos recortados en 2012”, la concesión de cuatro días anuales por ausencia por enfermedad, sin merma alguna retributiva y, de manera complementaria, los días de ausencia del complemento por Incapacidad Temporal, “en cuanto el Estado modifique alguna cuestión” relativa a este asunto.


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TASA DE REPOSICIÓN

Igualmente, hace una referencia a la Oferta de Empleo Público, “en el sentido de que la Junta va a agotar el margen máximo de tasa de reposición acordado por el Estado”. El director general ha explicado que el compromiso de la Junta es llegar en 2019 a las 6.600 plazas, estando previstas para este año 750 en educación, 660 en el Sescam y en la Administración general 200 para funcionarios y 100 para laborales.


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José Narváez ha detallado, finalmente, que el acuerdo incluye una cláusula donde se expresa el compromiso de continuar negociando la “recuperación de derechos” en las mesas sectoriales de educación, el Sescam y la administración general.

CSI.F no ha apoyado este acuerdo –el sindicato pedía que en 2016 se aportar alguna cantidad “y no ha podido ser”, según el director general de la Función Pública– y la Intersindical –STAS y STE– “no han votado ni que sí ni que no, y han quedado comprometidos en consultarlo con sus bases y, en todo casi, adherirse”.

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