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La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos pedirá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a Bruselas que las Administraciones públicas no puedan ser beneficiarias directas de la Política Agrícola Común (PAC), tras analizar los datos del FEGA de los perceptores de fondos europeos del FEAGA y el Feader derivados de la Política Agrícola Común (PAC) en las campañas 2017 y 2018.

En concreto, la organización agraria ha señalado que entre los 10 mayores perceptores se encuentran seis Administraciones Autonómicas y dos entidades públicas que se están subvencionando a sí mismas y reclama que en la PAC reformada se excluya o, cuando menos, se limite esta práctica.


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Unión de Uniones denuncia que determinadas administraciones se están financiando con fondos de la PAC, que deberían llegar a las explotaciones y empresas del sector agrario y el medio rural, para llevar a cabo sus actuaciones públicas que tendrían que alimentarse con recursos propios.

De esta forma, la Junta de Castilla-La Mancha habría recibido 91,6 millones de euros en los dos pasados años siendo el mayor receptor de ayudas, seguida por la Comunidad de Madrid, con 57 millones de euros, y la Xunta de Galicia, con 47,7 millones de euros.


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Por su parte, la Junta de Extremadura, el Gobierno de Aragón y el Principado de Asturias entran también en este ‘Top-10’ de beneficiarios de la PAC con 47,7 millones de euros, 22,9 millones de euros y 14,7 millones de euros, respectivamente.

Respecto a entidades públicas instrumentales, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, con 27,4 millones de euros, y la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (13,3 millones de euros) son las que aparece en los puestos quinto y décimo.


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«Determinadas Consejerías se están financiando con dinero que debería ir directamente a las iniciativas del sector. A menudo nos fijamos en cómo un 5% de los beneficiarios de pagos directos se lleva el 50% de los mismos y pedimos medidas para que se repartan mejor las ayudas, pero lo que está pasando con la apropiación del dinero del desarrollo rural por parte de las administraciones públicas puede llegar a ser igual de injusto o peor», han señalado desde la organización agraria.

Unión de Uniones reivindica que en el plan estratégico nacional que aplicará la PAC reformada en España, se excluya esta posibilidad a las administraciones como beneficiarios directos de estas ayudas, o que se establezcan límites razonables para que no pueda hacerse de manera sistemática y generalizada.

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