Soriano interviene en el pleno de las cortes de clm. Foto Juan Echagüe/jccm

La consejera de Agricultura del Gobierno regional, María Luisa Soriano, ha solicitado al Partido Socialista su apoyo a la derogación parcial de la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, para que “se deje de discriminar a los viticultores” con una normativa que ha calificado de “perjudicial para el sector.

Así lo ha expresado Soriano en las Cortes Regionales durante el debate de la enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Socialista para evitar la derogación parcial de la Ley de la Viña y el Vino.

La consejera ha recordado que la eliminación de esta ley es un compromiso adquirido por la presidenta María Dolores Cospedal, ya que se trata de la normativa más restrictiva de las que existen en nuestro país, lo que supone una desventaja de las bodegas y cooperativas de Castilla-La Mancha con respecto a las de otras regiones.

La titular de Agricultura ha incidido en que la ley prevé sanciones hasta diez veces más altas que en otras comunidades autónomas de nuestro país, de manera que el mismo hecho que en otra región supone una multa de 300.000 euros en Castilla-La Mancha se puede disparar hasta los 3 millones de euros.

También ha criticado duramente que la normativa recogía la obligatoriedad de aportar fondos para la promoción, lo que el sector denominaba el ‘impuesto revolucionario del vino’. Frente a esto, el actual Gobierno regional apuesta por que cada bodega “decida libremente lo que hacer con su dinero”, ya sea destinarlo a promoción, a I+D+i o a mejorar sus instalaciones.

A todo ello Soriano ha sumado el “exceso de burocracia”, la “duplicidad” de normativas o las “trabas legales” que contenía la citada ley, que llevaban a que “se considerasen ilegales viñedos cuyos derechos se habrían mantenido de estar situados en otras regiones”.

Por todo ello, la consejera de Agricultura ha pedido al Partido Socialista de Castilla-La Mancha que “deje de castigar al sector vitivinícola, que nos ha pedido que eliminemos estas trabas”, y se sume a la derogación parcial de una ley que va en la misma línea del Gobierno regional para lograr una Administración más ágil y eficaz.



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