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El director general de Salud Pública y Consumo de Castilla-La Mancha, Manuel Tordera, ha mantenido una reunión con miembros de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología con objeto de analizar espacios de colaboración en materia de consumo de manera conjunta.

Al respecto, se ha valorado la posibilidad de llevar a cabo series de estudios que permitan conocer la evolución del comportamiento de las personas consumidoras en la región y a partir de éstos datos diseñar futuras políticas públicas en este ámbito.


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Dichos estudios se llevarían a cabo tanto con metodologías cuantitativas como cualitativas y comprenderían aspectos no investigados hasta la fecha y de actualidad, como son los relativos al consumo colaborativo, la compra y la contratación a través de dispositivos móviles; el consumo responsable de alimentos y la prevención del desperdicio alimentario o el rol de las redes sociales como prescriptores en la toma de decisiones de las personas consumidoras.

Este planteamiento contribuirá, asimismo, a conocer el impacto que la aprobación de la futura Ley sobre los Derechos de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha tenga con arreglo a las novedades que incorpora en su texto.


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Por otra parte, también se ha considerado de interés el diseño de herramientas que permitan conocer la trazabilidad de los precios de aquellos productos de uso común y generalizado, de modo que se contribuya a dotar de «mayor transparencia» las distintas transacciones comerciales que se lleven a cabo a lo largo de la secuencia de distribución y comercialización de los mismos.

La publicación periódica de esta información facilitará a los consumidores castellano-manchegos conocer y comparar las opciones de compra a su disposición antes de la toma de decisiones correspondientes, especialmente si se tienen en cuenta las prestaciones que al respecto se pueden encontrar en los diferentes canales de venta.


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Finalmente, todos los asistentes a la reunión han coincidido en señalar la trascendencia que pueden tener los asuntos tratados en el ámbito de la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras por lo que han manifestado, igualmente, la intención de impulsar la formalización de un convenio de colaboración que fije los objetivos descritos y contemple el desarrollo de estas actuaciones.

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