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El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha enviado una carta a la abogada general del Estado, Marta Silva, en la que le comunica formalmente que, tras el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 15 de abril, ya ha puesto un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para impugnar la reducción de jornada laboral de los funcionarios de Castilla-La Mancha de 37,5 a 35 horas.


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En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Rajoy invoca para justificar su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, que dice que el Gobierno “podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas, impugnación que producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

En este sentido, explica que ha solicitado que se produzca la suspensión de los preceptos de las leyes autonómicas recurridas.

A PETICIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS



Fue el pasado 15 de abril cuando el Consejo de Ministros en funciones acordaba solicitar a Rajoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con la medida del Ejecutivo regional de Emiliano García-Page de reducir de 37,5 a 35 horas la jornada laboral semanal de los empleados públicos.

Este acuerdo, propuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, consideraba que la ley regional “contraviene lo dispuesto por el Estado a través de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2012, dictada con carácter básico, por la que se establece que la jornada general de trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual”.


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Según añadía el acuerdo, esta solicitud de recurso “se lleva a cabo después de que la negociación prevista en el artículo 33.2 de la Ley del Tribunal Constitucional haya sido infructuosa y tras avalar el Consejo de Estado que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer el recurso”.

Para dirimir esta cuestión, el pasado 6 de abril se reunió una Comisión Bilateral entre ambas administraciones, donde se debatieron las dos medidas puestas en duda por el Gobierno nacional, en concreto la Disposición Adicional Segunda de la Ley autonómica 7/2015 que recoge el personal en edad de cesar por jubilación pero que se mantenga en activo computará igualmente para calcular la tasa de reposición de efectivos; y por otro el artículo 1 de la misma ley, que reducía de 37,5 a 35 horas la jornada laboral.


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Esta ley entró en vigor el pasado 1 de enero y era una de las promesas electorales del actual Gobierno regional. El presidente autonómico, Emiliano García-Page, advirtió un día después de esta reunión que la derogación de la medida que reducía la jornada laboral podría poner en riesgo la creación de 450 empleos en el ámbito sanitario”.

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