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El Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno autonómico que aclare “cuántos médicos sin homologación están atendiendo en estos momentos a los castellano-manchegos”, criticando que el Ejecutivo regional esté “ocultando un problema de tal calado”. Por su parte, el Grupo Socialista ha insistido en que esto médicos “tienen la titulación requerida y pueden ejercer la medicina” y ha reclamado al Gobierno de España “rapidez en la homologación de títulos de sanitarios y personal médico extranjero”.

Ha sido el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Lorenzo Robisco, el que en rueda de prensa ha defendido que “en ningún hospital de España se contrata a nadie cuando hay un informe en contra de un jefe de servicio”, en alusión a la denuncia del servicio de Ginecología del Hospital de Puertollano, Agustín Luque Mialdea. “Con un informe de alguien tan cualificado, ninguna comunidad autónoma se atrevería a contratar a un especialista que no reúne las características, cualidades o requisitos”, ha añadido.


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Robisco ha recordado que “tuvo que ser el Ministerio de Sanidad el que dijo algo tan simple como que para ser especialista, hay que tener el título de especialista, en Castilla-La Mancha y en cualquier rincón de España” y ha considerado que esta advertencia del departamento que dirige Dolors Monserrat “ridiculiza una vez más” al Gobierno regional.

“Lo que nosotros pedimos y exigimos es saber cuántos profesionales, cuántos médicos reúnen las condiciones para prestar sus servicios y cuántos no en toda Castilla-La Mancha”, ha continuado el portavoz adjunto apuntando que, para su partido, “el problema no es sólo la falta de homologación” sino que “se está creando una situación de inseguridad” en la sanidad castellano-manchega.


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Además, con respecto a las palabras del PSOE, que alertaba de que durante el mandato de María Dolores de Cospedal también se contrataron a especialistas en las mismas circunstancias, Robisco ha contestado que “lo que nunca ha ocurrido es que hubiera un informe de un profesional que advirtiera de una situación ilegal”.

Por ello, el parlamentario ‘popular’ ha considerado que la Junta trata de “lanzar pedradas” al PP con el objetivo de “tapar” un informe de “algo que nunca había ocurrido en Castilla-La Mancha”.

CUATRO CASOS EN LA ANTERIOR LEGISLATURA


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De su lado, el diputado socialista Fernando Mora ha insistido, en una rueda de prensa posterior, en que este problema “se ha planteado en otras comunidades y en la legislatura de Cospedal también tuvieron que contratar en las mismas circunstancias”, afirmando que el Grupo Socialista tiene detectados cuatro casos en los que, durante la anterior legislatura, se realizó esta misma práctica.

Mora ha apuntado que la contratación de estos profesionales sanitarios sin homologación es “algo que concierne al conjunto de la sanidad española en todas las comunidades”, explicando que “viene derivado de la falta de profesionales sanitarios”, por lo que, en ocasiones, “hay que buscar profesionales en otros países”.



El diputado ha reconocido que estas contrataciones tienen un carácter de “cierta excepcionalidad” y que suponen una situación “un tanto paradójica” a la que, ha opinado, hay que darle “una solución bien clara en el conjunto de España”. “No es un problema excepcional de Castilla-La Mancha, como quiere hacer creer Robisco”, ha continuado, citando a comunidades autónomas como Galicia o la Comunidad de Madrid que, según ha comentado, también hacen contrataciones de este tipo.

Con respecto a la respuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que aclaraba este martes que la normativa básica no permite que se incorpore personal con la profesión de médico sin el título de especialista correspondiente en el ámbito de una Unidad o Servicio donde se atienden pacientes de una concreta especialidad, el socialista ha respondido que el Ministerio “sabe perfectamente lo que pasa en Castilla-La Mancha y en todas las comunidades”, pidiéndole que “agilice las homologaciones de títulos”.


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Asimismo, también ha reclamado al Gobierno central que “vaya atendiendo, a través de las universidades, a la formación de personal médico suficiente como para atender las necesidades de la población”.

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