La presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha criticado que a día de hoy todavía hay 8.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha sin cobrar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) por «causas imputables a la Administración», y que existen «más de 3.000 expedientes retenidos» porque no se han realizado los controles de campo pertinentes.
En rueda de prensa, Guarinos ha indicado, además, que hay cerca de 2.000 expedientes pendientes de tramitación en relación a las cesiones de derechos de las campañas 2014 y 2015, y ha explicado que «tampoco se ha pagado» a 2.000 jóvenes agricultores el pago complementario de las ayudas directas de la pasada campaña.
Guarinos ha acusado al Gobierno de Castilla-La Mancha y a sus socios de Podemos de ser «los enemigos públicos número uno del campo», lo que ha derivado en que el sector agrario «se ha convertido en el gran olvidado de la gestión», y que en los presupuestos de este año disminuyan las ayudas para la modernización de la industria agroalimentaria o las compensatorias para zonas desfavorecidas.
Los presupuestos son «una burla, engaño e insulto» a los agricultores y ganaderos, ha señalado la parlamentaria del PP, que ha avanzado que, dentro de las enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Acompañamiento de Medidas Tributarias, el PP va a proponer una «rebaja impositiva» orientada a la defensa del mundo rural y «encaminada a la revitalización o relevo generacional».
De esta forma, los ‘populares’, en las enmiendas presentadas al texto, han propuesto una rebaja y exenciones y bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones, y en el de transmisiones y actos jurídicos documentados, a través de «incentivos de carácter temporal por la participación en sociedades y cooperativas de Castilla-La Mancha, y de deducciones en transmisiones onerosas de explotaciones agrarias».
A su juicio, es un «ataque frontal y sin precedentes» que los agricultores tengan que pagar por explotaciones «que en este momento no les permiten vivir holgadamente», y que el Ejecutivo regional incremente las cantidades que pretende ingresar por tasas y multas en este sector en 8 millones de euros más que en 2015, con un incremento de la partida de multas del 150 por ciento.
AGUA Y LIBERTAD RELIGIOSA
De otro lado, preguntada por la posibilidad de que se produzcan problemas de abastecimiento ante la posibilidad de que haya un nuevo trasvase, Guarinos ha indicado que este tipo de problemas «igual se han producido otros años y las diputaciones hemos resuelto los problemas».
Dicho esto, ha indicado que el problema de agua en esta región «no se resuelve cada vez que la consejera sale dando una rueda de prensa» y se ha preguntado «qué está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha para resolver los problemas de abastecimiento y cuántos hectómetros cúbicos ha aportado el Gobierno de Page a Castilla-La Mancha».
«El día que aporten la consejera y Page, los mismos hectómetros cúbicos de agua que el PP podrán salir enarbolando la bandera de que defienden el agua, mientras tanto es una pura escenificación y cero soluciones en relación al tema del agua».
Finalmente, Ana Guarinos se ha mostrado «de acuerdo» con el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, en relación a la iniciativa de PP y Podemos sobre la financiación de los servicios religiosos dentro de los servicios públicos, en que «los acuerdos internacionales y convenios son competencias de la Administración General del Estado, no de las comunidades autónomas».
«El reflejo de esta Proposición no de Ley es una vez más el despropósito de hasta dónde estaría dispuesto a llegar el PSOE con Podemos en temas como la libertad», ha concluido.
