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El Grupo Parlamentario Popular ha anunciado este jueves su intención de votar favorablemente la toma en consideración de la Proposición de Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas -ley SUMA- presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Ciudadanos.

Durante el debate de este punto en el pleno de las Cortes regionales, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha dado cuenta de un texto que, «independientemente de arreglar problemas de empresas y ayuntamientos, va con vocación de resolver los problemas trasversales de la Comunidad Autónoma», pensando siempre en la ciudadanía.



Tras hacer una referencia a su título -pues era «importante sumar y no restar»-, ha destacado que la futura norma sienta las bases de un nuevo modelo de urbanismo, como la futura LOTAU, sobre la que se está trabajando ya con la sociedad involucrada en este ámbito y a la que el titular de Fomento ha invitado a los grupos parlamentarios a participar y a reflexionar, especialmente en la situación actual de pandemia, sobre un nuevo modelo de urbanismo.

La Proposición de Ley, que ha sido fruto del trabajo de muchas personas, ha destacado, introduce «60 innovaciones» encaminadas a la agilización de trámites, la reactivación de solares abandonados, medidas «concretas y teledirigidas» para abordar el reto demográfico y el desarrollo de los municipios más pequeños y una «profunda flexibilización de contenidos», con un «claro objetivo de convergencia social y económica».

PP APOYA, CON INTENCIÓN DE MEJORAR LUEGO


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Desde el PSOE, la diputada María Isabel Sánchez Cerro ha recordado que el urbanismo es una «actividad viva y cambiante» y prueba de ello es este texto, con el que se está haciendo «política en mayúsculas» -en alusión al previsible apoyo de todos los diputados-, conscientes de que la legislación urbanística debe poder actualizarse «si no quiere quedarse obsoleta al primer vaivén».

El diputado de Cs Alejandro Ruiz, también se ha mostrado orgulloso del trabajo de diputado y del trabajo en equipo para sacar adelante este texto, que «rompe la dinámica del unos contra otros». Ha aplaudido que la futura ley «recoge algunas reivindicaciones del sector», que tenía gran cantidad «de trabas», al recoger reclamaciones que históricamente han sido «las más urgentes».

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Por parte del PP, el parlamentario Miguel Ángel Rodríguez, que ha agradecido también a los equipos técnicos de la Consejería su trabajo, ha anunciado el voto a favor de su grupo a su toma en consideración aunque con la intención de «mejorarla en la tramitación posterior».

Aunque hay medidas que sí les gustan a los ‘populares’, Rodríguez ha cuestionado, tras oír al consejero, que parezca que con este texto «hubiéramos encontrado la panacea de todos los males», preguntándose, con ironía, «cómo hemos podido vivir sin esta ley», destacando que llega sin pasar por el Consejo Consultivo. No obstante, «la partitura es buena, habrá que ver cómo la ejecutan», ha concluido.

PLANTEAMIENTO DE UNIDAD


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En su última intervención, Hernando ha invitando al PP a no poner en duda la legitimidad del texto y ha invitado a sus diputados a que ayuden, destacando que, en cualquier caso, «es mucho más importante que la gente se dé cuenta de que aquí hay un planteamiento de unidad respecto de las soluciones».

Ha confirmado que en materia de urbanismo aún «hay margen de mejora», convencido de que se conseguirá «de la mano de un refuerzo de unos nuevos equipos contratados a través del Gobierno de Castilla-La Mancha, para reforzar a aquellas personas que tienen que evaluar los proyectos desde el punto de vista medioambiental y patrimonial, con planes especiales de empleo a través de bolsas públicas».


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La futura Ley SUMA prevé la potenciación de la comunicación previa y la declaración responsable, y la posibilidad de autorizar usos u obras justificadas de carácter provisional y desmontables en el suelo rústico, en el urbanizable y en el urbano no consolidado sujeto a actuación urbanizadora, mediante licencia urbanística y previo informe favorable de las comisiones de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Se plantea la posibilidad de innovar los programas de actuación urbanizadora y la regulación de los aparcamientos exigidos, flexibiliza el régimen de las zonas verdes en polígonos industriales con el fin de evitar parques alejados de la población a la que han de servir, modifica la regulación de las reservas de suelo dotacional de los planes de delimitación de suelo urbano y prevé la posibilidad de reconversión de suelos o promociones que iban a ser destinadas a vivienda protegida para hacer vivienda libre más asequible siempre que no haya demanda de la protegida.


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También establece la posibilidad de eximirse de la obligación de reserva para construcción de vivienda protegida, a los municipios de más de 50.000 habitantes que en tres de los últimos cuatro años presenten disminución de su población o cuando hayan perdido población según el dato acumulado de los últimos seis años; crea una nueva definición de núcleo rural tradicional, y habilita a los colegios profesionales junto con las diputaciones provinciales a realizar los informes preceptivos para otorgar licencias urbanísticas, dando apoyo a los ayuntamientos.

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