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Podemos 2511

El Catedrático de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, Francisco Ruiz González, ha utilizado el altavoz de la Rueda Ciudadana de Podemos para hacer un análisis del sistema electoral de Castilla-La Mancha y explicar las posibles vías de mejora que existen. Según los estudios de este experto que lleva más de 20 años analizando sistemas electorales, el actual sistema regional está caracterizado por la desproporcionalidad y la falta de representatividad. Para Ruiz estas disfunciones tienen un origen claro, lo determinante que resulta que unas provincias elijan un número de escaños par o impar a la hora de desequilibrar la balanza electoral.


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Debido a esta característica, en Castilla-La Mancha se produce una sobre representación de ciertas provincias frente a otras que a su vez genera una desproporcionalidad entre el número de votos y el de escaños. Este hecho abre la puerta, incluso, a que un partido tenga más escaños con menos votos que su competidor, una situación que estuvo a punto de darse en 2011 y en las últimas elecciones.

Según los estudios de este especialista, si Castilla-La Mancha aplicara el criterio que siguen las otras 16 autonomías, las Cortes deberían tener 76 diputados en lugar de 33. Para Ruiz, estodemuestra que antes de la reforma de Cospedal “ya éramos el más delgado de la familia de 17 y nos hemos puesto a régimen, lo que ha tenido como resultado que nos hemos quedado en los huesos en términos democráticos”.


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Un número tan bajo de representantes provoca que en ninguna de las provincias castellano-manchegas se repartan 10 o más escaños, el mínimo que contemplan los expertos internacionalmente para considerar un sistema como proporcional. Según Ruiz, este hecho ha provocado que en las últimas elecciones 10 de los 33 diputados (más del 30%) no hayan ido a parar a los partidos que “por puro voto” le hubiera correspondido. El promedio de las otras autonomías es del 13%.

El catedrático de la UCLM también detecta un problema de representatividad en el sistema castellano-manchego, ya que, mientras que en otras regiones de España los partidos con más votos que no obtuvieron representación tienen una medida del 3% de los sufragios, en Castilla-La Mancha el partido más votado sin representación obtuvo un 9%. “Aunque en teoría estamos ante un sistema proporcional, en la práctica estamos más cerca de un sistema mayoritario como el inglés”, ha afirmado Ruiz.


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La propuesta técnica de Francisco Ruiz para solucionar estos problemas pasa por eliminar la desproporcionalidad entre provincias con la inclusión de unos “escaños de ajuste” repartidos a escala regional, lo que se conoce como método sueco al ser utilizado en este país. De esta forma, se mantiene el reparto provincial asegurando que estén representadas según su población, pero añadiendo los escaños de ajuste para evitar las desigualdades actuales.

Como ha explicado Ruiz, este modelo se puede aplicar con el estatuto actual (por ejemplo con 35 diputados repartiendo 28 por provincia y 7 de ajuste), o de una forma “más cómoda y simple” con un estatuto reformado. El experto ha puesto el ejemplo de unas Cortes de 39 diputados en los que 33 serían elegidos provincialmente y 6 como método de ajuste. Con solo 6 diputados más, las Cortes pasarían de tener una desproporcionalidad del 36% entre votos y escaños a una de 13%, evitando que las provincias que reparten un número impar de escaños sean determinantes.


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El secretario político de Podemos Castilla-La Mancha, Francis Gil, ha mostrado la intención de su formación en abrir un debate social amplio para conseguir un “sistema electoral neutral, que no favorezca al bloque bipartidista ni a los intereses provinciales de determinadas fuerzas políticas”. Gil ha ligado el debate sobre la ley electoral al desarrollo de leyes y mecanismos de participación y transparencia que “abran las Cortes” para dejar de ser el “búnker” que son hoy día.

Tanto Podemos como Francisco García han coincidido en que resolver los problemas derivados del actual sistema electoral dependen solo de “voluntad política”, ya que ambos actores opinan que existen las mecanismos técnicos necesarios para llevar a cabo las reformas.

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