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El coordinador de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha anunciado que desde su formación están valorando «todos los escenarios posibles», y entre ellos, el de tomar «acciones legales» para «garantizar la seguridad tanto del personal docente y no docente como del alumnado en las aulas castellanomanchegas».

García Gascón ha hecho esta afirmación tras la reunión que integrantes de la ejecutiva de Podemos han mantenido con la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CONFAPA) en Toledo en esta primera semana de curso escolar durante la pandemia, según ha informado la formación en nota de prensa.


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En esta reunión, desde CONFAPA han trasladado a Podemos su percepción de que en esta vuelta a la escuela ha existido una «improvisación total y absoluta», señalando que muchos consejos escolares de los centros en los que se tenía que informar del plan de contingencia se realizaron un día antes de la apertura, el 8 de septiembre, y en horario laboral, lo que ha generado «una gran preocupación y desconfianza en las familias».

Según han expuesto desde CONFAPA, «hay muchos centros que están bien preparados, pero hay muchos otros que no lo tienen nada fácil», destacando que «el mayor problema está en los centros de secundaria, donde se ha anunciado una bajada de ratios que no se cumple».


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«Ha faltado una coordinación normativa a nivel autonómico más precisa», han apuntado.

Por este motivo, entienden, las familias «no sabemos qué centros habrán podido hacer lo que corresponda para cumplir con las medidas de seguridad y mantener la distancia de seguridad dentro de las aulas», situación que provoca que «muchas madres y padres están decidiendo no llevar a sus hijos e hijas a los centros, y eso va en detrimento de su educación y de la conciliación».

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Desde Podemos C-LM han transmitido a las familias su predisposición a trabajar para «garantizar una educación pública, presencial y segura», señalando que desde su formación llevan tiempo tratando de que la Junta «amplíe de forma efectiva la plantilla docente para reducir las ratios y los riesgos».

Según García Gascón, «la preocupación de las familias es lógica ante situaciones como el baile de cifras que hemos vivido por la contratación del profesorado».


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En su opinión, «la Junta de Comunidades no apuesta por el modelo presencial porque conllevaría una inversión pública que no están dispuestos a mantener», lo que les lleva, argumenta a una situación en la que «las aulas son prácticamente las mismas, con las mismas ratios y con protocolos de actuación igual de flexibles que preocupantes».

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