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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este lunes desde la localidad conquense de Chillarón que este mismo martes el Consejo de Gobierno abrirá la puerta con su toma en consideración a una Proposición de Ley impulsada por el Grupo Socialista en las Cortes regionales para combatir el problema de la ocupación, una norma en la que según el texto, se plantean penas más duras, una estrategia de lucha contra las mafias y la posibilidad de que los ayuntamientos tengan más legitimidad para actuar.

Según ha precisado García-Page, toca «actuar con más determinación y más precisión» toda vez que en España hay «miles de domicilios ocupados ilegalmente», un delito que además tiene «consecuencias de convivencia social».



Esta legislación que arranca este martes su trámite será trasladada al Estado, toda vez que tocará leyes ya existentes. Se trata de un «trabajo inmenso para combatir con mucha claridad y determinación a las enormes mafias de ocupación ilegal que hay en España».

Además, García-Page ha recordado que con la aprobación de la renta garantizada a nivel estatal ya no hay razón por la que familias en situación de vulnerabilidad puedan acceder a una vivienda.



El texto ya elaborado tipificará «con más dureza a las mafias que hoy conducen a un callejón sin salida a personas con problemas».

Para ello, ha detallado, pedirá medios específicos en la Fiscalía del Estado, así como modificar la normativa de empadronamientos para que los ayuntamientos puedan defenderse de que los ocupas acaben inscritos legalmente en los municipios.

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Se trata de una propuesta «dentro de la lealtad institucional», ha defendido, que pretende «dar mayor rapidez a los trámites judiciales».

También se obligará en esta ley a los grandes propietarios –entidades bancarias– a «no estar de brazos cruzados» y tener que denunciar en el caso de sufrir ocupación de sus inmuebles.

TOCARÁ VARIAS LEYES



Con esta Proposición de Ley de Medidas Integrales para la Protección del Patrimonio Inmobiliario, la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Vecinal y Contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, la intención es impulsar cambios legislativos que articulen mecanismos legales ágiles que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, así como la protección de la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal.

Se eleva el plazo de prescripción del delito de uno a cinco años para evitar así que el delito se quede sin castigo.


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Además, se podrán tramitar causas por juicio rápido, ya que la policía va a poder hacer denuncia al Juzgado con el atestado de la ocupación. En 48 horas los juzgados deberán acordar el desalojo del ocupa.

De esta forma con este proyecto legislativo se fortalecen el catálogo de diligencias y medidas cautelares que permita a los tribunales disponer el desalojo inmediato en tanto en cuanto se continua la investigación judicial para calificar jurídicamente los hechos.

PERSEGUIRÁ EL CRIMEN ORGANIZADO Y PROTEGERÁ A PROPIETARIOS


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Otro de los objetivos de este texto legislativo es perseguir el crimen organizado generado en este entorno. La receta será implementar agravantes por este tipo de delitos y sancionar la utilización de las viviendas ocupadas para la comisión de otro tipos de delitos.

En virtud de esta ley, las comunidades de propietarios y los ayuntamientos quedan legitimados para poder denunciar las ocupaciones.


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Considera la proposición de ley que las comunidades de propietarios y los vecinos de inmuebles cercanos son, en múltiples ocasiones, los verdaderos sufridores y sujetos pasivos de las actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas que llevan a cabo los ilegítimos ocupantes del inmueble, o bien, terceros relacionados con aquéllos incluso para la concertación delictiva.

Procede, por tanto, ampliar la legitimación para actuar, sobre todo en aquellos casos en los que, requiriéndose una respuesta rápida ante la ocupación reciente o en ciernes de un inmueble, el propietario se desentienda o ni tan siquiera tenga conocimiento de la ocupación.

Otro mimbre importante es la modificación de las reglas del padrón municipal para impedir la inscripción de los ocupas, garantizando en todo momento la protección del menor en prestaciones tan esenciales como la atención sanitaria y educativa.

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