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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz comenzará a tomar declaración a partir de este miércoles como imputados a siete miembros de la Comisión Ejecutiva de Caja Castilla La Mancha (CCM) que ocuparon el cargo en el periodo comprendido entre el mes de julio de 2007 y marzo de 2009 y a los que imputa la comisión de un delito de administración desleal por aprobar “operaciones singulares” que contribuyeron a causar a la entidad un agujero de 267 millones de euros.


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En la causa, en la que se investigan una veintena de préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares llevadas a cabo por la Caja, ya se encuentra imputados el expresidente de CCM Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega por delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.

Los siete nuevos directivos imputados –Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato, Florencio Hernández, José María Fresneda, Emilio Sanz Sánchez, Carlos Jiménez Morante y José Fernando Sánchez Bódalo– han sido citados a declarar en dos tandas.



Así, hoy comparecerán ante el juez Rodríguez Morata, Martín-Peñato, Hernández y Fresneda y los otros tres lo harán el próximo jueves.

El juez destacaba en un auto fechado el pasado 15 de octubre que, como administradores de derecho de la sociedad, habrían participado en la toma de decisiones colegiadas sobre las distintas operaciones económicas analizadas que habrían derivado en el ulterior perjuicio patrimonial para la entidad.



OPERACIONES CONTRARIAS A LA NORMATIVA

En otro auto dictado el pasado mes de enero, el juez solicitaba información sobre los créditos que la entidad concedió en 2007 y 2008 a las sociedades Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Naropa-Fermoselle (Kopan Cartera), T-Solar Global y Renovalia, así como a las empresas del Grupo Lábaro Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.



Todos ellos, según un informe elaborado por peritos del Banco de España, podrían ser “contrarios a la normativa bancaria y mercantil”, por lo que su aprobación podría haber causado un “perjuicio” a la entidad financiera.

Ruz comenzó a investigar los hechos tras admitir a trámite una querella presentada por el exfiscal Ignacio Gordillo en representación del PP en el año 2010.



Indicó entonces que el rescate de la Caja evidenció “de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”, así como la existencia de suficientes indicios de un presunto delito defraudatorio contra una “generalidad de personas” afectadas por el “perjuicio patrimonial”, como son “los depositantes y los acreedores” de la caja de ahorros.

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2009 en una reunión de urgencia la intervención de la caja manchega, que fue la primera en ser nacionalizada con un rescate de 9.000 millones de euros. Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España por las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.

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