Salones Epilogo

López, en rueda de prensa- 271014

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular, Inmaculada López, ha asegurado que el PSOE, con el recurso que ha presentado este lunes ante el TC contra la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, “escenifica su verdadera cara contra disminución de diputados y en contra de lo que quiere la mayoría de los ciudadanos de la región, como se ha recogido en varias encuestas”.


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De este modo se ha pronunciado la diputada ‘popular’ en rueda de prensa después de que el PSOE haya presentado ante el TC su recurso de inconstitucionalidad, asegurando que con este recurso “se opone a tener una administración mucho más eficaz y más cercana al servicio de los ciudadanos”.

“Ayer el candidato socialista a la Junta perdió una buenísima oportunidad para demostrar ante sus militantes y ante el líder de su partido, Pedro Sánchez, sus verdaderas intenciones para Castilla-La Mancha: tener más diputados, más privilegios y sueldos para los políticos socialistas, y más privilegios para los exaltos cargos del PSOE”, ha denunciado la diputada albaceteña, que ha recordado que los parlamentarios socialistas se opusieron a retirar “los privilegios a los exaltos cargos y a los expresidentes del Gobierno de Castilla-La Mancha”.


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Dicho esto, ha insistido en que la Ley Electoral que recurre el PSOE es una ley “justa y representativa que opera de manera automática en función de la población de cada provincia y permite gobernar a quién gane las elecciones y al partido que más votos tenga” y no a quien las pierda como legisló el PSOE, ha concluido.

INTERINOS


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En otro orden de cosas, a preguntas de los medios se ha pronunciado sobre la decisión del Gobierno regional de retirar el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), que le obligaba a readmitir a interinos despedidos en agosto de 2012.

López ha dicho que esta surge tras un cambio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta materia, que consiste en que los decretos de las Relaciones de Puestos de Trabajo –como es en este caso– ya no son susceptibles de ser recurridos en casación, y para “evitar retrasos o que se expandiese en el tiempo una situación no deseada”.

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