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La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la situación económica de las comunidades autónomas ante la falta de financiación, ha afeado la «alianza de separatistas independentistas y la derecha» al votar en contra de las cuentas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez.

«No tener unos PGE es una situación muy grave para un país», ha reconocido Montero, quien ha defendido que «no se puede pedir imposibles» ante las peticiones de una actualización de las cuentas a entrega por parte de comunidades autónomas gobernadas por el PP.


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La titular de Hacienda en funciones ha llegado a reconocer que las comunidades autónomas, el Gobierno, Seguridad Social y entidades locales tienen «serias dificultades» si no disponen de un Ejecutivo con pleno rendimiento y de unas cuentas públicas que «al menos puedan estar en trámite».

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De otro lado, ha admitido este martes que el Gobierno está estudiando «diferentes fórmulas» existentes en otros países de Europa para el mantenimiento de la red de vías de alta capacidad (autovías y autopistas), que comporta un gasto de en torno a más de 1.000 millones de euros anuales.


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Montero ha asegurado que «no hay ninguna propuesta concreta» sobre este posible pago y ha vinculado las informaciones al debate producido hace algunos meses en el Congreso, en el que se proyectó la creación de una Comisión para debatir cómo financiar las infraestructuras públicas y la red de vías de alta capacidad (autopistas y autovías).

«Estamos estudiando las diferentes fórmulas que existen en otros países de Europa, contando con los trabajos técnicos iniciados en el Congreso, que no pudieron llevarse a conclusiones, a buen puerto, pero es un elemento, una motivación para recuperar esos trabajos», ha explicado.


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En esta línea, ha indicado que se trata de buscar la «mejor fórmula» que permita el mantenimiento de la red de alta capacidad, ya que hay «suficientes» en el conjunto de países de Europa para poder encontrar una solución que permita tomar una decisión para poder invertir los más de 1.000 millones de euros que comporta el gasto en mantenimiento de autopistas y autovías, y seguir desarrollando más infraestructuras.

La ministra ha subrayado que aún quedan los «flecos» de un modelo «caducado y obsoleto», el del pago por la utilización de determinadas autovías, como sucede en Cádiz, donde «llevan más de 40 años pagando el mantenimiento de autovía por una concesión pública».


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De esta forma, ha insistido en que se han puesto en marcha diferentes modelos en el entorno de España para intentar dar respuesta al mantenimiento y sostenimiento de las carreteras y garantizar la seguridad vial, fomentando un «tránsito seguro».

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