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El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este viernes la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, que, aprobada el pasado 15 de diciembre en las Cortes regionales, entrará en vigor el próximo 30 de enero.


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Dicha Ley que, según publica el DOCM y recoge Europa Press, se articula en cinco títulos y 66 artículos, tiene como objetivo regular e impulsar la transparencia de la actividad pública, en su vertiente de publicidad activa, así como el derecho de acceso de las personas a la información y documentación públicas.

Persigue también implantar un código de buen gobierno y de gobierno abierto en la actividad pública y establecer un régimen de garantías y de responsabilidades por el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en esta ley.



Entre otros asuntos, la Ley obliga al Ejecutivo regional a informar, entre otros, de los gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total, especificándose los relativos al personal directivo y eventual, además de los correspondientes a liberados sindicales, el gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles o los realizados en campañas de publicidad, promoción y comunicación institucional. También estará obligado a informar del plazo medio de pago a proveedores y a beneficiarios de ayudas y subvenciones, así como los informes de morosidad.

De igual modo, la Administración de la Junta de Comunidades, las fundaciones públicas o la UCLM, entre otras, tendrán que hacer públicas las cuentas bancarias de las que sean titulares y sus saldos correspondientes.

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Además de la creación de un Portal de Transparencia y del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, en el ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos y entidades públicos vinculados o dependientes se creará un Registro de grupos de interés, que será público y accesible desde el Portal de Transparencia, para facilitar su identificación y el control de todas las actividades realizadas ante aquélla, con independencia del canal o medio utilizado.

Reglamentariamente se regulará la creación del Registro, su dependencia orgánica y funcional, la clasificación de las personas y las organizaciones que deben inscribirse en él, la información requerida a los declarantes, el contenido detallado del código de conducta, el procedimiento de investigación y tramitación de las denuncias y los órganos competentes para la imposición de las sanciones de suspensión y cancelación de las correspondientes inscripciones, así como cualesquiera otros extremos necesarios para su correcto funcionamiento.


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El texto también incluye las correspondientes sanciones para las infracciones en materia de transparencia, de buen gobierno, buena administración y gobierno abierto, de los grupos de interés y de la reutilización de la información del sector público de Castilla-La Mancha.

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En la Ley se determina que el Consejo de Gobierno aprobará un código ético para sus altos cargos o asimilados en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la norma, en el que se establecerán los órganos competentes para el seguimiento de su aplicación y determinará la responsabilidad que pueda derivar de su incumplimiento, sin perjuicio del régimen sancionador establecido en la presente norma.



De igual modo, en el plazo de seis meses a contar desde su entrada en vigor, la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha llevará a cabo las adaptaciones tecnológicas y organizativas necesarias en el Portal de Transparencia, para adaptar su contenido a las previsiones de la presente ley.

También las Cortes de Castilla-La Mancha, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, deberán adoptar las medidas precisas para la puesta en funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno.



El Consejo de Gobierno aprobará la norma reglamentaria que regule el registro de los grupos de interés en el plazo de seis meses, a contar desde la entrada en vigor de esta ley.

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