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El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja en un Plan de Garantía de Rentas en el que “puede coincidir con Podemos en sus planteamientos”, como ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de hoy.


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Este Plan de Garantía de Rentas “puede coincidir en el fondo con la pretensión que plantea Podemos, intuyo que puede llegar a puntos de acuerdo importantes, yo creo, porque estamos trabajando por el bienestar de las personas de Castilla-La Mancha”, ha señalado la consejera.

El Plan está “enfocado a que todas las personas puedan tener un nivel mínimo de rentas para vivir con dignidad, pero sobre todo que puedan tener un acceso al trabajo, ese sería el primer punto de este plan. Podemos coincidir en el fondo y yo espero que podamos coincidir en ese planteamiento, que pueda haber un plan que dé una respuesta a que las personas, que todas las familias en Castilla-La Mancha puedan vivir con dignidad, con unos mínimos una vida de bienestar”, ha manifestado Aurelia Sánchez.


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La cuantía presupuestaria del Plan de Garantía de Rentas no está determinada aún, ha explicado la consejera, “porque es un plan transversal que implicaría a todas las consejerías del Gobierno, vamos a colaborar todas las consejerías porque no olvidemos que si una persona tiene empleo no va a necesitar una renta mínima, si tiene una vivienda digna posiblemente no va a necesita una prestación para vivienda, si no tuviera unas condiciones de renta mínima, desde la Consejera de Bienestar pueda tener acceso a una renta mínima para vivir dignamente. Es un objetivo en el que estamos colaborando todos los departamentos”, ha subrayado.

Solicita al Senado que convoque la Comisión General de Comunidades Autónomas


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El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su sesión de hoy solicitar al Senado la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para “reclamar la revisión de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha señalado que “en los últimos años, la atención a la dependencia ha constatado dos importantes déficits a nivel estatal: la reducción de la aportación económica del Gobierno de España, al no sufragar los porcentajes a los que está obligado por Ley, y la falta de impulso político por parte del Gobierno de la nación (del Partido Popular), para el desarrollo de la Ley de Dependencia”.


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Para cuantificar esa falta de financiación del Gobierno central, la consejera ha recordado que el Observatorio Estatal para la Dependencia, de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, ha manifestado recientemente que “el recorte acumulado del Gobierno de España en Dependencia, tras el Real Decreto-Ley 20/2012, asciende a más de 2.865 millones de euros, tal y como se reconoce en el Plan de Estabilidad y en los Planes de reformas remitidos por el Gobierno de la nación a Bruselas”.

El Observatorio añade que, “según los datos oficiales, 1 de cada 3 personas del 1.200.000 mil en situación de dependencia en España no recibe ayuda del sistema público de dependencia”. En palabras del Observatorio, “esta legislatura ha sido devastadora para los dependientes”.


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16,3 millones de euros menos en 2012

La consejera ha incidido en que en 2012 “se produjo un gran quebranto por parte del Gobierno de España a las personas dependientes de Castilla-La Mancha”: la supresión de una de las fuentes de financiación del Sistema, el llamado “nivel acordado”; la reducción en un 14% de los recursos que se destinaban por cada persona en función de su dependencia, el llamado “nivel mínimo”; y la supresión de las cotizaciones a las personas cuidadoras de familiares, a las que hasta ese momento se les pagaba la Seguridad Social por el cuidado de sus dependientes.


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“Para que se hagan una idea -ha subrayado la consejera- esos recortes de 2012 por parte del Gobierno de España fueron tan graves, que Castilla-La Mancha, que había recibido 94,5 millones de euros en 2010 y 82,5 millones de euros en 2011 por parte del Estado, en 2012 recibió sólo 66,2 millones. Es decir, de un plumazo, los castellano-manchegos en situación de dependencia dejaron de recibir 16,3 millones de euros en 2012”.

Según Aurelia Sánchez, “esta situación de la financiación del Estado contraviene la propia Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Dependencia” que recoge en su artículo 32.3 que la financiación de la Comunidad Autónoma debe equipararse a la del Gobierno de España (“la aportación de las comunidades autónomas será al menos igual a la de la Administración General del Estado”)”.


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Desde 2012 hasta 2016, la estimación que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha es que los dependientes de la región han dejado de percibir 353 millones de euros, resultado de aplicar un 40% para cada Administración pública y un 20% al usuario en la financiación del sistema de dependencia. Debido a que el Gobierno de España pasó de financiar en 2011 un 30%, a un 20% en 2012, un 18% en 2013, un 19% en 2014, un 17% en 2015 y un 17% en la proyección de 2016.

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Además, la consejera insiste en que “la posibilidad de que las Comunidades Autónomas aumentemos la financiación es realmente muy difícil porque la falta de aportación estatal nos ha supuesto un enorme quebranto económico y además tenemos que cumplir con el techo de déficit” y recuerda que a pesar de haber grandes diferencias entre unas y otras, los gobiernos autonómicos ya cargan con el grueso de la financiación del sistema (y aportan una media del 63%) porque el Estado no cumple la ley y no aporta la mitad del gasto público, sino sólo el 18%.

Por eso, el Gobierno de Castilla-La Mancha “va a llevar esta reclamación de la deuda histórica del Gobierno de España con el Sistema de Dependencia al Senado, solicitando la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Baja, prevista en el artículo 55 y siguientes del Reglamento del Senado, que tiene, entre otras funciones, la de permitir la participación de las comunidades autónomas y proponer a los poderes públicos recomendaciones sobre cuestiones de su competencia”.

Según Aurelia Sánchez “es una petición de justicia social que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha, que defiende los derechos de las personas en situación de dependencia y sus familias tanto dentro como fuera de nuestra región”.

En Castilla-La Mancha hay 62.000 personas con derecho reconocido a una prestación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, de los que 40.548 son beneficiarios de alguna de las 50.780 prestaciones del sistema (a 30 de septiembre 2016).

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