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La Comisión Europea (CE) ordenó hoy recuperar ayudas públicas por valor de 46 millones de euros concedidas a varios operadores para financiar la digitalización y la ampliación de la televisión digital terrestre (TDT) en Castilla-La Mancha, al considerar que con incompatibles con la ley comunitaria.


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La CE señaló que las ayudas «sólo se concedían a la tecnología digital terrestre, en violación del principio de neutralidad tecnológica», y que implicaban además una «discriminación entre distintos operadores terrestres».

Por ello, indicó, ciertos operadores de plataformas terrestres obtuvieron una «ventaja selectiva sobre sus competidores y tienen que devolver esas ayudas al Gobierno regional de Castilla-La Mancha».


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La Comisión ya consideró en junio de 2013 que 260 millones de euros en ayudas que recibieron los operadores de TDT en España eran incompatibles con las normas comunitarias, por lo que tendrían que ser devueltas.

«La financiación pública deberá concederse a todas las plataformas de transmisión, sin discriminaciones, y no solo a operadores seleccionados», indicó el vicepresidente de la CE y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.


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Bruselas abrió en 2010 una investigación detallada sobre la financiación pública de la TDT en Castilla-La Mancha tras recibir denuncias de un operador de plataformas por satélite y de otro de televisión digital terrestre.

La CE llegó a la conclusión de que la ayuda financiaba exclusivamente la digitalización de la tecnología de transmisión terrestre, mientras que plataformas de transmisión alternativas (satélite, cable o internet) no podían acogerse a esas subvenciones a pesar de su capacidad para cubrir el territorio.


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Señaló que las ayudas eran discriminatorias porque el Gobierno regional «entregó la subvención directamente a sólo dos empresas».

«En los Estados miembros que subvencionan la conversión digital de forma tecnológicamente neutra, otros operadores de plataformas han participado con éxito en licitaciones abiertas», consideró la Comisión.


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En cambio, destacó que las medidas aplicadas en Castilla-La Mancha «falsean indebidamente la competencia tanto entre los operadores de TDT como entre éstos y los operadores que utilizan otras tecnologías».

A su juicio, las dos empresas preseleccionadas «recibieron una ventaja indebida frente a sus competidores y, por lo tanto, deben devolver las subvenciones a los contribuyentes».


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La Comisión precisó que esta decisión se refiere exclusivamente a las medidas adoptadas para la llamada «zona II» en la región de Castilla-La Mancha, es decir, aquella «menos urbanizada», donde los operadores «no tenían interés comercial en prestar el servicio».

El Ejecutivo comunitario recordó que actualmente también investiga otro asunto sobre posibles ayudas concedidas por España a los organismos de radiodifusión por el cambio de ancho de banda.


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En concreto, estudia si ese plan español para compensar a las emisoras digitales terrestres por los costes extraordinarios de la emisión simultánea -mientras los servicios son reasignados a otra frecuencia para liberar el dividendo digital- cumplen la normativa de la UE en materia de ayudas estatales.

En particular, señaló que quiere comprobar si la medida es proporcionada y necesaria, y si puede favorecer a las emisoras terrestres con respecto a otras tecnologías.

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