Salones Epilogo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete juzgará este martes 17 de octubre a un hombre acusado de un presunto delito de malversación de caudales públicos, por el que la Fiscalía le pide 5 años de prisión, ocho de inhabilitación absoluta y 11.500 euros de indemnización.


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El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que el acusado, funcionario de la Unidad de Recaudación del Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), se apoderó de diversas cantidades de dinero entre los años 2008 y 2011.

En algunas ocasiones, el acusado procedía al cobro de diversos impuestos, como el Impuesto de Circulación de Vehículos, IBI, recibo de Aguas, basura y alcantarillado, y, aunque entregaba a los contribuyentes los justificantes de pago, no llegaba a ingresar el dinero recibido en la cuenta bancaria titularidad del Ayuntamiento o en la Caja Municipal.



Con posterioridad, dichas cantidades les eran reclamadas por el Ayuntamiento a los administrados, al figurarles los recibos como pendientes de pago y en ejecutiva, a pesar de haber pagado el impuesto con normalidad.

También se valía el acusado de los recibos que se encontraban en vía ejecutiva, personándose en el banco y procediendo a cobrar las cantidades de las cuentas titularidad de los contribuyentes ya que el acusado, entre las funciones que tenía encomendadas, se encontraba la de realizar notificaciones a los deudores una vez transcurrido el período voluntario de pago, teniendo así conocimiento de los que eran deudores frente al Ayuntamiento.


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De esta forma, cobraba personalmente los impuestos a los contribuyentes, de los que recibía el dinero en mano, y no lo ingresaba al Ayuntamiento.

Tras conocer el Ayuntamiento el expolio llevado a cabo por el acusado, éste, voluntariamente, solicitó que le fueran retenidos de su nómina 100 euros mensuales, desde febrero de 2012, habiendo acumulado hasta la fecha, a favor del Consistorio, la cantidad de 2.500 euros.


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Las cantidades sustraídas por el acusado al Ayuntamiento ascienden a la cantidad de 14.080 euros, cuantía que el Ayuntamiento reclama en concepto de indemnización.

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