FOTONOTA. CONSEJERIA DE ECONOMIA

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, ha firmado un convenio con el Ministerio de Empleo para adherirse a su sistema de autorización y gestión de empresas de trabajo temporal. Esta adhesión, como explica el director general de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, Eduardo del Valle, “supone un trámite administrativo menos en la relación de nuestros ciudadanos y empresas con la Administración, uno de los compromisos del presidente, Emiliano García-Page, con los castellano-manchegos”.



El convenio supone la puesta en marcha de una aplicación que facilita el acceso a la Administración por parte las empresas de trabajo temporal para la realización de cualquier trámite relacionado con su autorización o con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del ejercicio de su actividad. Desde ahora, “este acceso se hará de forma electrónica, con lo que estamos evitando a las empresas los desplazamientos y gastos innecesarios, además de agilizar al máximo los trámites, lo que permitirá reducir los tiempos de gestión”.

Este convenio, además, posibilita la creación de una base de datos central que permitirá, por primera vez, disponer de una información completa sobre la situación y funcionamiento de la totalidad de empresas de trabajo temporal que han obtenido autorización para operar en el conjunto del territorio español, hayan sido autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o por la Administración regional.

Como detalla Del Valle, “esta aplicación pretende facilitar la intercomunicación entre la Administración y las empresas de trabajo temporal, la posibilidad de consultar la información existente sobre éstas por cualquier autoridad laboral y el acceso a los datos facilitados por las mismas”.

Asimismo, como recuerda, la adhesión a este convenio no supone coste alguno para el Gobierno regional y beneficiará a empresas de trabajo temporal con autorización propia para operar en Castilla-La Mancha, así como a aquellas que tienen autorización estatal o de otras Comunidades Autónomas, así como a los potenciales promotores de dichas empresas de trabajo temporal.



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