El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha comunicado al Gobierno de Castilla-La Mancha que habría incumplido el objetivo de estabilidad del ejercicio 2016, al incurrir en un déficit computado de acuerdo con la metodología de la Contabilidad Nacional (necesidad de financiación) de 313 millones de euros, lo que representa un 0,82% del PIB regional de dicho ejercicio. Por ello le ha reclamado, en el plazo de un mes, un plan económico-financiero.


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En una misiva, recogida por Europa Press, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moyo, explica al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que el pasado 16 de octubre se ha publicado el segundo informe de valoración del cumplimiento de los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto, previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, que actualiza el previamente emitido.

“El déficit registrado por la Comunidad Autónoma en el 2016 fue superior a su objetivo de estabilidad para ese ejercicio, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2016, y que establecía una necesidad de financiación máxima del 0,7% del PIB regional”, alega el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro.



Debido a este incumplimiento el ministerio reclama a Castilla-La Mancha que remita a la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera un plan económico-financiero en el plazo de un mes desde que se constate el incumplimiento, lo cual se ha producido con la publicación el día 16 de octubre del informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

De igual modo, el secretario de Estado de Hacienda ha comunicado al Gobierno regional que la comunidad queda nuevamente sujeta al procedimiento de control reforzado previsto en el programa del FLA a partir de la próxima mensualidad de noviembre y que pasarían a encontrarse vigentes las medidas coercitivas del artículo 25.1 de la de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, las cuales podrían ser objeto de activación atendiendo al seguimiento del plan de ajuste y a la ejecución presupuestaria observada.

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