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El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha respondido a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que protestar contra el nuevo método de reparto de los 16.000 millones para paliar los efectos del COVID-19 «no es victimismo» sino «defender» los intereses de la comunidad autónoma. «Es lo que siempre hemos hecho y lo que siempre seguiremos haciendo, sea quien sea el inquilino de La Moncloa», ha enfatizado.

Así ha reaccionado Martínez Guijarro al ser preguntado por las declaraciones de la alcaldesa de Toledo en las que defendía que los ayuntamientos «están cansados, muy cansados del victimismo y la polémica permanente de las comunidades autónomas y el Estado».


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El vicepresidente ha recordado a Milagros Tolón que el Gobierno de Castilla-La Mancha «se ha gastado en dos meses 402 millones por encima del presupuesto ordinario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha».

«Yo a eso lo llamo capacidad de respuesta ante la crisis sanitaria», ha declarado Martínez Guijarro, quien ha apostillado que el Gobierno regional no ha puesto ningún límite presupuestario al Sescam.



Así, ha insistido en que los 402 millones gastados «son cuatro veces» el presupuesto del Ayuntamiento de Toledo. «Hemos gastado para esta crisis sanitaria en dos meses lo que el Ayuntamiento de Toledo tiene para cuatro años», ha reconocido el vicepresidente.

Es por ello que cree que plantearle al Gobierno de España que la distribución de esos 16.000 millones se haga atendiendo a la afectación que se ha tenido en cada una de las comunidades autónomas, «no es victimismo», eso es -ha abundado- «defender los intereses de la comunidad, que es lo que siempre hemos hecho y lo que siempre seguiremos haciendo sea quien sea el inquilino de La Moncloa».

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Ha incidido en que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho un esfuerzo presupuestario «ingente» y ahora tendrá que seguir haciendo «mucho esfuerzo» para seguir manteniendo los servicios públicos.

Dicho esto, ha recordado que el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha pedido «reiteradamente» al Gobierno de España que levante la «imposición» que tienen las corporaciones locales para ejecutar su superávit o sus remanentes de tesorería, por lo que ha defendido que en la región «todo el mundo sabe» que el Gobierno de Castilla-La Mancha «es un aliado» de los ayuntamientos.



«Defender los intereses de la comunidad autónoma, lo vamos a hacer, si alguien lo quiere interpretar como victimismo es su problema», ha remachado el vicepresidente.

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